Guadalajara, Jalisco.- En una tirante sesión en el Congreso de Jalisco, la crisis ambiental en el vertedero metropolitano de Picachos y la subsecuente contaminación de los ríos de la zona norte expusieron un choque directo entre legisladores locales y el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), Iker Frangie Martínez Gallardo.
El funcionario acudió a comparecer no solo acorralado por los derrames de lixiviados en el cauce del río Milpillas y la cascada de Huaxtla, sino bajo la sombra de un evidente conflicto de interés al ser hijo del alcalde reelecto de Zapopan, Juan José Frangie Saade.
Durante la comparecencia de hoy ante la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, la bancada opositora, fue incisiva al cuestionar la imparcialidad del procurador frente a las omisiones de la administración municipal que encabeza su padre, responsable directa del manejo del relleno de Picachos.
La diputada del partido Futuro, Tonantzin Cárdenas le explicó que “la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés por la posible afectación a la imparcialidad y objetividad…preguntarle específicamente cómo le explicaría o le daría certezas a la sociedad jalisciense”.
Señaló que la intervención de la dependencia llegó de forma tardía, cuando el desastre ecológico era “evidente, insostenible e imposible de ocultar”.
El funcionario intentó desmarcarse del parentesco político y del evidente contrapeso institucional al declarar que “por ética personal no opinar del actuar de otras autoridades reguladoras. Soy respetuoso”.
Sin embargo, acorralado por los reclamos sobre si notificó o no dicho conflicto de interés ante las autoridades administrativas, el titular de la PROEPA eludió dar una respuesta contundente al cuestionamiento directo sobre su parcialidad en la supervisión de la alcaldía que encabeza su padre.
Inspección tardía
Frente a la presión en el Pleno, Frangie Martínez Gallardo pretendió matizar la catástrofe ambiental argumentando que la PROEPA actuó hasta el 23 de septiembre de 2026, fecha en que la dependencia realizó una diligencia en el sitio administrado por el ayuntamiento zapopano y dictó “medidas de urgente aplicación” para detener los escurrimientos hacia los cuerpos de agua que abastecen y bordean a la comunidad de Huaxtla.
El procurador detalló que entre las exigencias impuestas al municipio de Zapopan figuraron la “conformación y compactación de taludes efecto de mantener condiciones adecuadas de estabilidad. La recobertura de la celda seis con la finalidad de mantener un adecuado confinamiento de los residuos”, así como el “rebombeo y recirculación de lixiviados entre los cárcamos”, reconociendo de manera implícita la saturación del vertedero al señalar que la infraestructura operaba a un “80% de su capacidad”.
A pesar de que el funcionario aseguró que “esta Procuraduría ha seguido al pie de la letra lo que marca la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico”, los señalamientos en el recinto legislativo apuntaron a que la dependencia estatal actuó de forma reactiva y omisa, ignorando denuncias comunitarias que datan desde el año 2022.
La comparecencia concluyó en medio de tensiones, dejando al descubierto la inoperancia preventiva de las autoridades ambientales en Jalisco y la paradoja institucional de que sea el propio hijo del presidente municipal de Zapopan quien deba fiscalizar las anomalías ecológicas cometidas por el gobierno de su padre.
