Guadalajara, Jalisco.-El Frente Feminista de Jalisco cuestionó la actuación de corporaciones estatales y municipales tras las detenciones realizadas el 15 de noviembre en el Centro de Guadalajara, durante la manifestación convocada por la llamada Generación Z. De acuerdo con el colectivo, 40 personas fueron aseguradas —entre ellas cinco mujeres y cuatro menores de edad— sin que, afirman, existiera un motivo claro en varios de los casos.
La organización señaló que entre las detenidas se encontraba una de sus integrantes, Cecilia Arredondo, quien, según su testimonio, transitaba por el área cuando comenzó el operativo policial. El colectivo denunció que durante las aprehensiones hubo “agresiones físicas, tratos crueles y acciones que podrían constituir tortura”, atribuidas a elementos de la Policía de Guadalajara y de la Policía Estatal.
Audiencias en curso y exigencia de transparencia
Las personas detenidas fueron presentadas este martes 18 de noviembre ante los juzgados de Puente Grande, donde se lleva a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica. El Frente Feminista pidió al Poder Judicial que el proceso se realice bajo criterios de legalidad, acceso a la defensa y respeto a los derechos humanos.
El colectivo afirmó que los operativos del 15 de noviembre afectaron también a personas que no formaban parte de la protesta, como trabajadores, familias que acudían al Buen Fin y peatones que circulaban por la zona.
Acusan continuidad de prácticas de abuso
El Frente Feminista enmarcó lo ocurrido en un patrón de actuación que —sostienen— se ha repetido en movilizaciones ocurridas en la última década en Guadalajara. Entre los antecedentes mencionados se encuentran las protestas por el caso Giovanni López en 2020, las detenciones de #SinCargoLas10 en 2021 y el operativo conocido como el “halconazo de la Calle 14”. En todos los casos, colectivos y organizaciones documentaron uso desproporcionado de la fuerza y aprehensiones sin fundamento, principalmente contra jóvenes y mujeres.
De acuerdo con la organización, estos episodios han derivado en una pérdida de confianza hacia las instituciones encargadas de mantener el orden público y han generado incertidumbre entre la población que, incluso en actividades cotidianas, podría verse envuelta en operativos policiales.
Demandas del colectivo
El Frente Feminista de Jalisco llamó a las autoridades estatales y municipales a responder públicamente por lo ocurrido y establecer medidas que eviten la repetición de este tipo de operativos. Entre sus exigencias se encuentran:
-
Liberar a todas las personas detenidas sin causa acreditada.
-
Investigar a los agentes que participaron en las aprehensiones y en los presuntos actos de violencia.
-
Revisar y actualizar los protocolos de actuación policial en marchas y espacios públicos.
-
Implementar capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para las corporaciones de seguridad.
-
Garantizar mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
