Guadalajara, Jalisco.- La comisiones estatales de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango alertaron en conjunto por la violencia, inseguridad y amenazas hacia la población que se vive en el área limítrofe entre dichos estados. Ello a raíz de la desaparición de seis personas índigenas wixaritari, de las cuatro ya fueron localizadas sin vida.
Los organismos defensores recordaron que el pasado 22 de septiembre, las seis víctimas, entre las que se encuentran dos menores de edad, fueron privadas de su libertad en el municipio en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo originarias de la comunidad de Cuexcomatitlán, en el municipio de Mezquitic, en Jalisco.
“Las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las poblaciones de esa región, como Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando, pese a que en su oportunidad se han realizado diversos pronunciamientos en torno a la falta de seguridad pública en la región y solicitado a los gobiernos federal, estatales y municipales el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios”, reprocharon las defensorías.
En este tenor, las comisiones estatales hicieron un “llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública” para que exista coordinación y vigilancia en la región.
Ello con el fin de “reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región, bajo el entendimiento de que la protección de la ciudadanía por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de las instituciones, las leyes y los derechos humanos”.
Recordaron también que la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“La desaparición de las seis personas wixaritari representa un agravio para todo el pueblo wixárika asentado en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, por lo que las defensorías de los derechos humanos de estas entidades exhortamos a las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales, para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos, entre ellos, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, a efecto de evitar la impunidad, y se sancione en su oportunidad a los responsables de los delitos cometidos”; apuntó.