Lunes 8 de diciembre.- El clima de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Jalisco alcanzó niveles sin precedentes, con 10 activistas asesinados en el último año, según denunciaron comunidades indígenas y organizaciones civiles. La cifra, señalan, representa un patrón acelerado y sin precedente reciente en la entidad.
De acuerdo con el documento difundido por la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, y respaldado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), todos los casos permanecen en total impunidad, sin que las autoridades hayan reconocido formalmente la labor de defensa de las víctimas ni juzgado los crímenes desde esa perspectiva.
A nivel nacional, la situación también resulta alarmante. Datos de la organización EDUCA indican que, en lo que va del sexenio federal, han sido asesinadas 37 personas defensoras de derechos humanos, colocando a México entre los países más peligrosos para realizar esta labor.
El llamado se intensificó tras el reciente asesinato de Marcos Aguilar Rojas, autoridad agraria de Azqueltán, y el ataque contra Gabriel Aguilar Rojas, ocurrido el 26 de noviembre en el predio comunal “El Caracol”, en Villa Guerrero. La comunidad advierte que la agresión forma parte de una estrategia de despojo territorial que ha incluido invasiones, amenazas y ataques armados.
Las organizaciones también recordaron los antecedentes de violencia en Ayotitlán, donde durante dos décadas se han registrado desapariciones y asesinatos de líderes comunitarios vinculados a la defensa del territorio frente a la minería ilegal y la tala clandestina.
Entre las víctimas documentadas en Jalisco este último año se encuentran personas defensoras del territorio, buscadoras y activistas por los derechos de la diversidad. El caso más antiguo del periodo señalado corresponde a Cándido Esaú Román Pérez, asesinado en noviembre de 2023, seguido por otros nueve homicidios ocurridos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.
Las organizaciones denunciaron que, pese a la gravedad del panorama, el estado carece de un mecanismo especializado de protección, y señalaron deficiencias en la coordinación institucional, ausencia de perspectiva de género e interseccionalidad, y falta de reconocimiento formal al derecho a defender derechos humanos.
Ante este contexto, exigieron justicia para las víctimas, la presencia permanente de seguridad federal en Azqueltán, la titulación definitiva del territorio indígena, el desmantelamiento de redes de impunidad y la creación de un mecanismo estatal de protección y una Fiscalía Especializada para defensoras y periodistas.
La comunidad de Azqueltán convocó además a las “Jornadas por la Vida”, del 6 al 10 de diciembre, para visibilizar su lucha y seguir exigiendo justicia.
