El gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez advirtió que no recibirá la obra de la línea 3 del Tren Ligero, sino funciona de manera adecuada y espera que el actual mandatario, Jorge Aristóteles Sandoval tampoco lo haga.
“Desde ahorita le digo al gobierno federal no vamos a recibir una obra que no esté en condiciones óptimas de funcionamiento, y yo espero que el gobernador de Jalisco no cometa el error de hacer una recepción parcial inclusive de la obra, porque me parece que estaría incurriendo en una enorme irresponsabilidad”, señaló Enrique Alfaro.
Mañana acudirá a esta ciudad, el presidente Enrique Peña Nieto en el inicio de pruebas operativas totales de la línea 3, como parte de su agenda de compromisos cumplidos.
Enrique Alfaro insistió en que espera que Aristóteles Sandoval no se “preste a presiones del gobierno federal, que actúe con un alto sentido de responsabilidad y aunque no me guste mucho la idea nos tocará a nosotros la recepción de la obra”.
El gobernador electo que entrará en funciones a partir del 6 de diciembre, sostuvo que con información “de primera mano”, no oficial, se enteró que hace unos días se sustituyó un neopreno (que sirven como amortiguadores y evitan las vibraciones entre columnas y trabes) en un tramo que contempla una curva.
Esto implicó levantar la trabe “no cinco milímetros -como afirmó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)-, sino 28 centímetros, para cambiar ese neopreno”
Recordó que en el caso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México hubo un problema similar donde hubo diferencias milimétricas “en la operación de los rieles y el rodado de los vagones; acá que me digan que no hay ningún riesgo, que no hay ningún problema, si van a levantar todas las trabes de la línea 3, simplemente lo dejo para que cada quien saque sus conclusiones”.
Lamentó que la SCT minimizó el problema y que solo se avocó a decir que “la van arreglar”, y que se trata de “un asunto de las garantías”, cuando es algo grave.
Su declaración se dio durante la entrega de la evaluación que hizo el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción sobre los planes de trabajo de los aspirantes a ocupar la Fiscalía General.
Enrique Alfaro adelantó que el próximo viernes Aristóteles Sandoval entregaría al Congreso local el nombre de la persona que ocuparía la Fiscalía a partir del 6 de diciembre.
El mandatario electo aseguró que se tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Participación y que en la primera semana de enero se instalará una mesa de diálogo para el seguimiento puntal de la agenda de transformación institucional dentro de la Fiscalía. Adelantó que la dependencia tendrá un mayor presupuesto con el fin de que cumpla con la agenda propuesta.
Jesús Ibarra Cárdenas comentó que algunas de las recomendaciones que emitió el Comité de Participación Social del cual forma parte, se basaron en el plan de trabajo y en las entrevistas de los tres aspirantes a la Fiscalía.
Recordó que la ciudadanía pide una Fiscalía autónoma y esto solo se lograría al “desmontar el control político de la dependencia”, lo cual se conseguiría con un servicio profesional ministerial, una escuela de formación policial y de agentes del ministerio público, así como una Contraloría Social “fuerte donde haya un plan de persecución penal” y apoyo de un comité de vigilancia y de observación ciudadana.
Annel Vázquez Anderson también miembro del Comité de Participación precisó que no se evaluaron los perfiles, sino los planes de trabajo de los tres aspirantes en concordancia con los 23 requisitos de una Fiscalía que sirva.
Lucía Almaraz Cázarez explicó que otra de las recomendaciones es no crear fiscalías especializadas “ya que se dispersan los esfuerzos institucionales de investigación, persecución y acusación del delito”.
Otra sugerencia es que las Unidades de Investigación Criminal no dependan del fiscal general, y la información generada se reparta en todas las áreas. A la vez, que los datos estadísticos sean confiables y verídicos, y actualizados diariamente.
También aconsejan suprimir la Visitaduría y crear un Órgano de Control Interno y la Fiscalía de Asuntos Internos, y que el fiscal se comprometa a disminuir las quejas de derechos humanos por actos violatorios y “fortalecer la sensibilización y capacitación del personal operativo y de atención ciudadana”.
Una más de las recomendaciones es que el fiscal general tenga acercamiento estrecho con organismo de derechos humanos nacionales e internacionales para lograr certificaciones en los dos ámbitos en la protección a derechos humanos. Además, fortalecer las unidades de Supervisión a Medidas Cautelares integrando más personal y darles autonomía para garantizar su imparcialidad.
