Guadalajara, Jalisco.-So pretexto para prepararse ante la epidemia de Covid-19, el gobierno de Jalisco autorizó los días 18 y 24 de marzo, adjudicaciones directas a proveedores que ofrecieron productos a sobreprecio. A la vez, llama la atención que resultaron favorecidas tres empresas que cuentan con los mismos socios o apoderados legales.
El Jorge Carlos Ruiz, quien dirige la Contraloría Ciudadana Independiente, considera que la única manera en que el mandatario estatal podría justificar las compras a sobreprecio y de forma directa, es haber publicado en el periódico oficial una declaratoria de emergencia por Covid-19, pero como no lo hizo, “es un delito, y un abuso de autoridad”.
En el portal que habilitó el gobierno del estado para informar sobre los gastos generados en esta contingencia, que hasta el momento ascienden a más de 3 mil millones de pesos, se abrió el apartado “ejercicio del gasto”.
En ese espacio, en cada una de las compras se informa que “derivado de la estrategia para la preparación ante la pandemia del Covid-19”, todas se asignaron de forma directa. Una de ellas fue por 23 millones 489 mil 130 pesos, a Intermet, S.A. de C.V., para la compra de 8 mil 265 kits de detección de covid-19. Es decir, un costo unitario de 2 mil 842 pesos.
No obstante, Partidero solicitó el pasado 4 de mayo una cotización a una empresa en Guanajuato, que ofreció cada kit en 520 pesos.
Esto significa que la administración alfarista compró cinco veces más caro cada kit a Intermet, compañía que en julio de 2019 fue impugnada por otra de nombre GAP, luego de que la Secretaría de Salud le asignó contratos presuntamente de forma irregular. alfaro
Otra compra que se realizó a sobreprecio fue la de 75 monitores de signos vitales con pantalla de 15 pulgadas táctil. La empresa adjudicada es Sanabria Corporativo Médico, que ofreció cada uno en 259 mil 287 pesos, cuando Catálogo Médico ofrece un producto similar en 99 mil 583 pesos.
Si el gobierno hubiera elegido comprarle a este último proveedor, habría gastado 7 millones 468 mil 725 pesos, en lugar de 19 millones 446 mil 530. Esto implicó un sobreprecio de casi 12 millones de pesos.
Tres diferentes empresas, mismos dueños alfaro
Las empresas ESK Medical, S. de R.L. de C.V.; Material Hospitalario de Occidente, S. de R.L. de C.V., y Marlex HC, S. de R.L. de C.V. resultaron favorecidas con seis asignaciones directas que ascienden a casi 14 millones de pesos.
Llama la atención que las tres están relacionadas entre sí, al contar con los mismos socios y apoderados legales, según reflejan actas constitutivas.
En ESK Medical son socias Laura Adriana y Karla Andrea, ambas de apellidos Escamilla Sánchez. Según el folio mercantil electrónico N-2019053493, la empresa se constituyó el 23 de noviembre de 2018.
A ESK, el gobierno estatal le asignó de forma directa dos compras, que suman 449 mil pesos. Una fue por la compra de 3 mil gafas de seguridad en 365 mil 400 pesos, y otra por termómetros digitales y de toma de temperatura sin contacto.
Marlex HC, que se creó el 12 de agosto de 2015, tiene como accionistas a Gabriel Escamilla Zenteno y Karla Andrea Escamilla Sánchez y entre los apoderados aparece Laura Adriana Escamilla. Marlex HC comparte el mismo domicilio que ESK Medical: Periférico Poniente 4360.
A Marlex HC, le adjudicaron tres compras directas: 350 mil cubrebocas, a un costo de 3 millones 45 mil pesos; 28 mil 200 litros de gel antibacterial y 65 mil 830 litros de jabón antibacterial, en 3 millones 899 mil 137 pesos; y gel antibacterial ─no se especifica la cantidad─ en 3 millones 828 mil pesos.
En Material Hospitalario de Occidente los socios son Irma Angélica Escamilla Sánchez y Omar Antonio Zambrano Naranjo. Mientras que, en esa misma empresa, Gabriel Escamilla y Laura Adriana Escamilla son apoderados. A la vez, el primero aparece como administrador general y la segunda como “gerente especial”.
A Material Hospitalario le compraron 10 mil trajes Tyvek por la cantidad de 2 millones 737 mil 600 pesos.
Contralor Ciudadano
En este sentido, el contralor ciudadano señaló que no son justificables las compras a sobreprecio por parte del gobierno del estado, “es un delito, y un abuso de autoridad”.
Además, recalcó que el gobernador no puede argumentar que se hicieron adjudicaciones directas por una emergencia sanitaria, puesto que en el Periódico Oficial de Jalisco no se publicó nada del tema, solo se informó el día 24 de marzosobre el Plan Jalisco Covid-19.
“Si el gobernador del estado no publicó en el diario (la declaratoria de emergencia por Covid-19), todas estas compras a sobreprecio y adjudicaciones directas tienen una falta, y tendrá la responsabilidad la Contraloría del estado y la Fiscalía Anticorrupción de revisar todo esto, es una obligación que debió llegar”, apuntó.
Refirió que la Secretaría de Salud federal publicó, por orden de la Presidencia, en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria, en la cual se estableció que se deben respetar los derechos humanos, lo que implica el manejo correcto de los recursos públicos.
Recordó que el año pasado se hicieron compras a sobreprecio en insecticida so pretexto de abatir el dengue, pero se denunció la irregularidad porque nunca se declaró una emergencia o contingencia como tal.
A lo anterior se suma la dádiva de 180 millones de pesos que Alfaro Ramírez dio al hospital Ángel Leaño, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a pesar de ser privado, para la atención de pacientes con Covid-19. También está la cantidad de recursos empleados para promover la figura del mandatario estatal y lo realizado por su gobierno durante la emergencia sanitaria:
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