Al acudir el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a la cámara de Diputados se pronunció a favor de que la seguridad pública quede bajo la autoridad civil, y no en manos de las Fuerzas Armadas como se pretende hacer a través de la Guardia Nacional. 

“No podría imaginarme una estrategia de seguridad que funcionara en medio de esta crisis de violencia, que no incluya como soporte fundamental al Ejército y a la Marina de México, pero esto no significa que como nación aceptemos el camino de la militarización del país, la función de la seguridad pública debe permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles” acotó. 

Además, Enrique Alfaro propuso que se regule de manera temporal la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y que “dichas disposiciones legales” estén orientadas “a definir la manera en qué se piensa enfrentar una coyuntura específica y no a generar un nuevo modelo de seguridad pública que contravenga principios y convenciones en materia de Derechos Humanos”. 

Subrayó que la planteada reforma constitucional podría vulnerar los “principios fundamentales del pacto federal y llevé al país por el camino equivocado”.  

Aceptó que la coyuntura de inseguridad que se vive en Jalisco, no puede enfrentarse sin el apoyo del Ejército y de la Marina, “pero esto no significa que como nación se acepte el camino de la militarización del país”, insistió. 

Alfaro Ramírez señaló que entiende la aspiración del presidente, Andrés Manuel López Obrador de  construir una política y estrategia de seguridad que considere más adecuada para México, “pero en esta aspiración se deben escuchar y tomar en cuenta todas las voces y todas las exigencias, y se debe actuar con inteligencia, sin prisas y con visión de largo plazo”. 

“Hoy no venimos, en lo personal no vengo a regatear, hoy venimos a proponer, venimos a expresar las preocupaciones que tenemos, a plantear ideas para tener una política de seguridad pública democrática, duradera y eficaz”, expresó. 

Planteó Enrique Alfaro ante la mesa sus cinco preocupaciones: El fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno; la preocupación de un modelo centralista y de invasión de atribuciones que propone la reforma, y que el mando que se le confiera a la Guardia Nacional de manera expresa en el texto constitucional, debe ser un mando civil. 

Otras dos sus inquietudes fueron el “puntualizar en la reforma que la relación con las instituciones de seguridad pública estatales y municipales será de coordinación y no de subordinación, y que “el Congreso de la Unión discuta todo el paquete de leyes secundarias vinculadas a la implementación de la Guardia Nacional, en particular su Ley Orgánica”. 

 

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