Alfaro no ha presentado ninguna denuncia por actos de corrupción, pese a promesa

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El fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez informó que hasta el momento no se ha abierto ninguna carpeta de investigación en contra de funcionarios de la pasada administración estatal, pese a que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que no perdonaría actos de corrupción. 

Entre esos actos, destacan las riesgosas e irregulares inversiones que el gobierno hizo en los últimos años 12 años, con recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda (Iprovipe) en proyectos como, el acueducto de la Presa El Zapotillo, en Los Altos; el turístico de Chalacatepec, en la costa Alegre; y la Villa Panamericana. 

La actual administración inició el pasado 6 de diciembre, sin embargo, aún no concluye el proceso de entrega-administración de las dependencias estatales incluida la Fiscalía General, afirmó Gerardo Solís.  

Añadió que si encuentra algo “irregular” en la Fiscalía o en alguna otra secretaria, se iniciarían con “acciones administrativas” -que correrían a cargo de la Contraloría del estado-, o se presentarían denuncias de carácter penal. 

“Todo el gobierno está inmerso en este proceso de entrega-recepción, entonces si hubiera en su caso algunas denuncias de inmediato las radicaríamos e iniciaríamos las investigaciones correspondientes”, refirió el fiscal.  

Por otro lado, el pasado 5 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), por medio del Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la autoridad localizar con carácter de urgente a los estudiantes de cine del CAAV que fueron levantados el pasado 19 de marzo en Tonalá (que de acuerdo la versión oficial de la pasada administración fueron disueltos en ácido); así como reasignar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), y enviar “la información requerida antes del 26 de diciembre”. 

Sobre el tema, a Gerardo Solís se le preguntó cuál fue la respuesta que dieron a la ONU, en ese sentido mencionó que acatarían los seis puntos solicitados por el organismo internacional, entre ellos reasignar el caso a la PGR. 

“En este momento estamos en un acercamiento con la (Procuraduría) General de la República para ver algunas precisiones de carácter jurídico (…) la idea es que trabajemos bien sea o de manera conjunta, o buscando alguna otra fórmula jurídica”, comentó. 

Respecto a las “inconsistencias” que encontró en la  carpeta de investigación de los estudiantes de cine, dijo que son valoradas por otro ministerio público, una vez revisadas, se podrían abrir otras líneas de investigación y cumplimentar órdenes de aprehensión pendientes.  

Descarta que al abrirse otras líneas de investigación, sean liberados los cuatro detenidos.  “En todo caso el juez de la causa tendrá que resolver al respecto, sin embargo estoy hablando de inconsistencias en la investigación que tenemos nosotros a cargo, no en las del proceso. El proceso es otra cosa, hay personas detenidas, y están sujetos a un procedimiento penal”, afirmó. 

Con relación al tema de desaparecidos, entre ellos los dos italianos, y el alto índice de homicidios, el fiscal respondió que se están reestructurando todas las áreas “no solamente para lograr el esclarecimiento y la detención, y en su caso las órdenes de aprehensión, sino en la medida de lo posible lograr la contención de fenómenos criminales” mencionó Gerardo Solís. 

Estima que con el mejoramiento de los procesos internos, el siguiente año se vean los resultados.

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