El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez ha vivido una semana turbulenta, llena de contraste. Este lunes 8 de junio, la casa encuestadora Consulta Mitofsky informó que el mandatario subió 25.3 puntos de aprobación en marzo, respecto a febrero pasado, cuando se ubicaba en 28.6 puntos porcentuales. En tanto, el pasado mes alcanzó 53.9%. Subir esos puntos le costó mucho trabajo al equipo del gobernador, muchas ganancias a sus empresas de comunicación y sobre todo, una gran cantidad de recursos públicos a los ciudadanos del estado, quienes son los que finalmente pagan su promoción personal.

Según la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Alfaro Ramírez  ha gastado más de 223 millones de pesos en publicidad y comunicación social. La epidemia de Covid-19 le cayó como anillo al dedo para aumentar los gastos de comunicación en más de 26 millones de pesos durante estos últimos meses, con una estrategia clara de diferenciación versus el gobierno federal. Así logró escalar popularidad en el plano nacional.

Sin embargo, es probable que la ganancia obtenida en mayo la pierda en junio. Como un boomerang le regresó a Alfaro su disposición, unilateral y sobre todo anticonstitucional, de imponer el uso de cubre boca para la población de Jalisco.

El domingo 19 de abril anunció que a partir del día siguiente el uso de cubrebocas en la vía pública sería norma. “Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público, así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales”, fue el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado.

Grave falla de diseño de una política de salud pública, poner en manos de las policías municipales, mal capacitadas, sin protocolos o corroídas por la corrupción esta disposición del gobernador de Jalisco. Era como extenderles una carta de impunidad a las policías para que cometieran todo tipo de atropellos.

Los días posteriores al asesinato de Giovanni López ─a manos de la policía municipal de Hixtlahuacán de los Membrillos─ han sido una larga cadena de errores del gobernador, de su fiscal y policías. Alfaro  Ramírez y su gobierno se han enredado en una serie de declaraciones y acciones que muestran a un gobernador que se quedó solo: parece que no tiene secretario de Gobierno, ya que Enrique Ibarra Pedroza ha brillado por su ausencia; mientras que el fiscal Gerardo Octavio Solís no ha sido una ayuda, sino una carga, pues Alfaro ha tenido que salir a cubrir sus errores.

Las dos versiones que existen sobre el levantón de los jóvenes el viernes 5 de junio son pavorosas. La primera, fueron los policías que actuaron por su cuenta; la segunda, fue el crimen organizado el que estuvo detrás de los actos de desaparición forzada ¿Con cuál versión nos quedamos?

Los actos de represión, así como las declaraciones del gobernador de Jalisco, estuvieron en todos los noticieros nacionales y hasta internacionales. Los medios nacionales le dieron amplia difusión al asesinato de Giovanni López, victimado por incumplir la regla del cubrebocas. En este sentido, las empresas de comunicación, socias de Alfaro, podrán sentirse satisfechas de que su objetivo de posicionar al gobernador en el plano nacional se cumplió cabalmente.

En una semana la narrativa que trató de construir Alfaro de su gobierno durante año y medio y carretadas de millones de pesos se ha derrumbado rápidamente. “Somos un gobierno ciudadano, un gobierno que le apuesta a la transparencia, al respeto de los derechos humanos, que está en contra de la violencia hacia las mujeres”: todo eso se derrumbó como un juego de dominó.

La certeza que nos queda ahora es muy peligrosa, tenemos un gobierno del estado que no tiene control de sus policías, que está penetrado por el crimen organizado, que viola derechos humanos con mucha facilidad, que las instancias dedicadas a defender a las mujeres no funcionaron, que la participación ciudadana en asuntos públicos sólo existe en el discurso y, por último, que tenemos un gobernador que sí da la cara, pero sólo para repartir culpas. Un efecto colateral no deseado es que su proyecto de refundación ya se puede ir al baúl de las anécdotas.

Lo más delicado es que se percibe a Enrique Alfaro solo, enfrentando a sus propios demonios, queda la certeza de que no fueron fuerzas oscuras los que quieren dañar a su gobierno; no, son sus propios errores, las disposiciones que él ha creado, su discurso rijoso y pendenciero le están cobrando una costosa factura. En el corto plazo, no se ve cómo Enrique Alfaro pueda enderezar su proyecto de gobierno.