Elemental
Criterios
Con golpes de palo de ciego, como diría el narrador de picaresca popular, empezaron las decisiones del nuevo gobierno. Confundieron, quizá deliberadamente, compromisos de campaña con eficiencia administrativa. Lograron, eso sí, que todo mundo desconfiara de los nombrados en las áreas de seguridad pública, que venían con antecedentes poco recomendables de los espacios del corrompido gobierno de Emilio González Márquez y de la perversión de la procuración de justicia, con Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, en lo que de menos se puede argumentar de su actuación, como torpeza.
La propuesta en Seguridad Pública que desarticula la fracasada y desconcertante propuesta de Aristóteles Sandoval de la Fiscalía General, cuyo único sentido fue fortalecer a su operador impresentable heredado de Emilio González Márquez, la convierte en dos entes, que son la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad, ambas bajo una Coordinación General, que presenta varias fragilidades.
La primera es que los propuestos, incluyendo el coordinador general, tendrán problemas para ser aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de Control de Confianza por su falta de perfil para dichos puestos, además, de los antecedentes que una evaluación rigurosa reprobará. Otra es la contradicción, que en tanto se critica la militarización de la seguridad pública en el país, se nombra un militar de carrera en la Secretaría de Seguridad, quien habrá de dirigir las funciones de Prevención, Investigación y Readaptación. El asunto de la evaluación de control de confianza se deriva además a todas las corporaciones de la Zona Metropolitana, en las que es remoto que alguno de los directores municipales apruebe dicha evaluación.
Alfaro confía seguramente que podrá maniobrar para superar los obstáculos de la evaluación con el cultivo del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Ya lo hizo en Guadalajara, cuando Salvador Caro no aprobó en una primera instancia la evaluación, lo ayudó a salir del trance la intervención de Aristóteles Sandoval al ordenar al Centro Estatal de Evaluación que Caro fuera aprobado, en tanto que la relajada actitud del indolente gobierno federal de Peña Nieto, abandonaba la profesionalización de la carrera policial.
En la evaluación aparecerán por supuesto algunos detalles, como que algunos de quienes han sido colaboradores de Macedonio Tamez fueron acusados de corrupción, como Hugo Ricardo Salazar Silva, ex director jurídico del Sistema Penitenciario de Jalisco a quien se le asocia con los personajes que controlaban el autogobierno y proporcionaban además el servicio de alimentos a través de empresas creadas exprofeso, con Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. Por otro lado el director de seguridad pública de María Elena Limón en Tlaquepaque, quien se considera segundo del equipo de Tamez Guajardo, ha sido señalado recurrentemente por policías de su corporación, de complicidad con la delincuencia organizada.
En el caso del titular de la Fiscalía Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, que fue Procurador de Justicia como corolario de los fallidos nombramientos del panista Alberto Cárdenas Jiménez y se desempeñó bajo múltiples acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, registradas con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, entre otros muchos señalamientos. Se le acusó además de colusión con la delincuencia a través de un familiar y choferes de vehículos de carga asaltados, afirmaban que al acudir a presentar la correspondiente denuncia de robo, se encontraban a los asaltantes como servidores de la dependencia. Promueve a Solís Gómez el empresario Abraham Kunio González Uyeda, secretario de administración con Francisco Ramírez Acuña y subsecretario de gobernación con Felipe Calderón.
Por su parte el nuevo secretario de seguridad, el general Daniel Velasco Ramírez, militar de carrera, perteneció a los mandos del general Salvador Cienfuegos Zepeda. Aunque se afirma que tiene maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales, no tiene el perfil para el cargo por falta de formación para la prevención, la investigación criminal y la readaptación de infractores sociales.
Entre otras acciones que presentaron los nuevos funcionarios como novedades están las reuniones periódicas de coordinación con las distintas corporaciones. No les tomará mucho tiempo entender que esas actividades no los llevan a ningún lado, puesto que confunden opiniones para una potencial planeación, con decisiones ejecutivas, además de que las mismas estrategias y acciones no brindaron resultados en periodos anteriores.
Una de los propuestas del nuevo gobierno es crear una Policía Metropolitana, con la participación de los municipios, olvidando que dicho modelo estatal fracasó en la administración pasada, además de que los municipios metropolitanos bajo el liderazgo de Enrique Alfaro lo intentaron inútilmente, en el periodo municipal anterior. Entre otros problemas que actuaron como lastre, fue la resistencia de los municipios a aportar recursos de sus presupuestos, al igual que el gobierno estatal.
Otros elementos que dificultan la obtención de resultados de la seguridad pública, para el gobierno del estado, es la desconfianza social por los insistentes rumores de complicidad con la delincuencia. En un amplio reportaje del mes de junio pasado, Anabel Hernández en el portal de noticias de Carmen Aristegui, hace referencia a un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que se afirma que el actual Gobernador de Jalisco mantiene vínculos con el crimen organizado. Se investiga a Enrique Alfaro Ramírez dice, por su relación, entre otros grupos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Muy poco puede esperar Jalisco de un gobierno corroído por los rumores y la evidente torpeza de sus funcionarios, en el tema más sensible para sus habitantes
