Alfaro se retrata de cuerpo entero al criminalizar la protesta social en contra de los desaparecidos y los abusos policíacos. Alude a la norma municipal (de Guadalajara) y las leyes del INAH para la preservación de la buena imagen y el patrimonio urbano contra todo aquello que molesta a su gobierno. La instalación del antimonumento “5J” que recuerda la retención ilegal de jóvenes que pretendían manifestarse por el asesinato de Giovanni Lopéz, jamás debió instalarse en Paseo Alcalde, dice. Por eso, policías encubiertos desmontaron el “5J” en lo oscurito. Paradójico, en Jalisco hasta el monumento contra el abuso policíaco termina desaparecido.