Guadalajara, Jalisco.-Luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hiciera oficial que a partir de mañana sábado 27 de julio el costo del pasaje urbano comenzará a homologarse a 9.50 pesos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), exhortó a la administración estatal y a los transportistas a reconsiderar la medida tarifaria.
De inicio, Tren Ligero, Macrobús y Sitren incrementarían el costo por pasaje a la citada tarifa; posteriormente y hasta terminar el año lo harían el resto de unidades urbanas.
De acuerdo la CEDHJ, el aumento de casi el 36% contraviene “el derecho a la movilidad” que “es de naturaleza social y debe ser garantizado para todas las personas”.
Mediante un comunicado firmado por Alfonso Hernández Barrón, líder de la Comisión, se reconoce que deben promoverse “reformas legales para mejorar la calidad en la prestación del servicio de transporte público, entre las que figura las actualizaciones tarifarias y la dignificación del servicio, así como de las condiciones de trabajo para conductores”.
No obstante, Hernández Barrón resalta que “las decisiones que se toman sobre estas temáticas impactan la economía de miles de personas usuarias de esos servicios de transporte público, por lo que su actualización o modificación, debe ser analizada a profundidad con una metodología de cálculo exacta que coadyuve a la obtención de una tarifa justa del pasaje”.
“Para ello, resulta necesario tomar en consideración elementos financieros y técnicos, variables de mercado, de producción, de rendimiento, así como de constantes y determinados, deducir el costo por kilómetro recorrido, número de pasajeros por hora, hasta llegar con ello al costo del boleto o pasaje”, detalla.
Y aunque la CEDHJ reconoce que de acuerdo con el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), resulta claro que existe un incremento en el uso del Tren Ligero, Macrobús y Sitren por parte de las personas usuarias, “lo cual justifica las acciones de consolidación del Sistema de Transporte Público Metropolitano; sin embargo, el incremento tarifario debe realizarse con estudios previos que justifiquen de forma transparente la medida”.
Finalmente, apunta Alfonso Barrón, “se hace una exhortación a las autoridades estatales y a los propios concesionarios para que se reconsidere el incremento anunciado, se proceda de inmediato a la revisión de todas las unidades que forman parte de las rutas a las cuales se les ha autorizado el incremento y garanticen el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que lo motivaron, el acceso al transporte a personas con discapacidad, la perspectiva de género y ponga en práctica políticas públicas reales y efectivas que estén destinadas a dar soluciones de fondo a los problemas del transporte público, cuidando en todo momento que esas medidas se traduzcan en la viabilidad financiera que haga rentable la prestación del servicio de transporte, pero sobretodo, que lo mantenga asequible a la población atendiendo a sus condiciones socioeconómicas”.
“Ningún gobierno puede estar ajeno al clamor ciudadano, en este sentido esta defensoría ha iniciado un acta de investigación para conocer a detalle el proyecto anunciado por las autoridades y en su caso, fomentar la participación ciudadana y la cohesión social”, puntualiza el citado documento.
