Guadalajara, Jalisco.-Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y dos de sus colaboradores más cercanos, integrantes del Gabinete de Seguridad, argumentando inseguridad y otros motivos solicitaron a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) la portación de arma de fuego.
En su solicitud, fechada el 8 de marzo de 2019 –cuatro meses después de asumir el cargo–, el gobernador argumentó: “Las actividades políticas y situación económica que como actividades laborales realizo, a mi juicio me colocan como blanco rentable y vulnerable para ser objeto de algún atentado de secuestro o robo debido a los desplazamientos e inseguridad en las carreteras, ya que tengo la necesidad de circular por las mismas a varias ciudades de la República Mexicana, para realizar mis actividades laborales”.
Lo mismo hicieron Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad, y Pablo Fabián Ibarra, director general de Enlace Institucional del mismo organismo.
La petición contratada con lo expresado dos días después de expedida la solicitud, cuando en su tercer reporte de seguridad aseveró que hubo una reducción en delitos patrimoniales,
El objetivo, abundó Alfaro Ramírez en la citada misiva era proteger “mi persona, familia y bienes… La inseguridad que vive actualmente la sociedad del estado de Jalisco y el resto de la República Mexicana que realmente es alarmante por el crecimiento de grupos delictivos dedicados al narcotráfico y al secuestro”.
Lo anterior a pesar de que el mandatario estatal cuenta con al menos seis escoltas que lo protegen las 24 horas.
El arma que el trío de funcionarios buscaba adquirir era un arma calibre .380, permitida por la ley, así como 200 cartuchos.
Las tres solicitudes, que son un machote, fueron recibidas por la Defensa Nacional el 20 de marzo de 2019. Fueron acompañadas de comprobante de domicilio, identificación con fotografía, acta de nacimiento, copia de la cartilla, carta de trabajo, de no antecedentes penales y de modo honesto de vivir.
Las cartas de modo honesto de vivir fueron dirigidas Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. Para los mandos del Gabinete de Seguridad fue Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, comisario general de Seguridad, quien la avaló. El elemento policiaco mencionó que tras conocer a ambos desde hace 88 días daba fe de “buena conducta, honradez, interés y disposición para el trabajo”.
En tanto, Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de gobierno, elaboró la carta de modo honesto de vivir para el gobernador, en que expresó que conocía a Enrique Alfaro desde hace más de 15 años, “mostrándose como una persona de honradez, interés y disposición para desempeñar el cargo que se le encomienda”.
También, las solicitudes incluían un certificado de salud física y un certificado médico-toxicológico de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, (todos tenían la misma redacción, y en consecuencia faltas de ortografía). Fueron firmados por la secretario técnico de Educación Médica y Social de Seguridad, Josefina Arzate Cabrera.
En el caso del certificado toxicológico solo se menciona que Arzate Cabrera se basó en un examen de laboratorio de orina, pero no menciona cuál empresa es, ni muestra los resultados del mismo.
Las peticiones, además, llevaban un certificado médico-psicológico de salud mental elaborado por Florencio Guillermo Salazar Castellanos, acompañado de tres pruebas: personalidad, ansiedad (Idare) y de capacidad intelectual (Terman-Merril).
Un detalle que llama la atención es que las tres pruebas tienen diferente caligrafía, pero las mismas respuestas en el test Terman-Merril, excepto en la 27 y 28, que no fueron respondidas por Enrique Alfaro, y Macedonio, quien no contestó la 27.
En el test Idare, a la frase “Me siento seguro (a), todos llenaron el círculo “mucho”. Las otras opciones eran “bastante, un poco y no en lo absoluto”.
Se desconoce la respuesta dada por la Sedena.
Orden de restricción
Pablo Ibarra, director general de Enlace Institucional, cuenta con una orden de restricción por la violencia ejercida en contra de su exesposa Karina “N”.
De acuerdo con Milenio, la orden se emitió en noviembre dentro de la carpeta de investigación 117703/2019. La medida contempla la prohibición de conductas de intimidación o molestias a la víctima o a personas relacionadas con ellas, así como protección de la policía y su auxilio inmediato al domicilio en que se localice la ofendida.
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