Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 21 de julio de 2026. – En una sesión extraordinaria “fast-track”, el Congreso de Jalisco aprobó este martes un descuento del 80% en los recibos del SIAPA para miles de ciudadanos que reciben agua turbia, con sedimentos o mal olor en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Si bien la medida representa un alivio económico inmediato para el bolsillo de cerca de 750 mil afectados, en el fondo funciona como una costosa cortina de humo que premia la ineficiencia operativa y elude una crisis de salud pública que lleva años empeorando.
El decreto aprobado por los 31 legisladores presentes no es universal. El beneficio fiscal sólo aplicará para consumos menores a los 25 metros cúbicos mensuales en viviendas y pequeños comercios, obligando a los ciudadanos a pagar el 20% restante bajo el concepto de “alcantarillado y saneamiento”, es decir, cobrando por limpiar un agua que ellos mismos contaminan antes de que llegue a los hogares.
La implementación del descuento destapó una profunda discrepancia que evidencia la opacidad de las autoridades:
- El SIAPA insiste en que el problema se limita a poco más de 200 colonias.
- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tiene documentadas quejas formales en más de 600 colonias desde finales de 2024.
Para destrabar el conflicto, el Poder Legislativo otorgó un plazo de 8 días naturales a la CEDHJ para entregar el padrón real de afectados. Esto significa que miles de ciudadanos tendrán que rezar para que su colonia aparezca en la lista oficial o, de lo contrario, se verán obligados a tramitar engorrosas revisiones individuales para demostrar que el líquido que sale de sus llaves no es apto para el uso humano.
Aunque la condonación de recargos al 100% y la reducción de la tarifa mitigan el enojo social a corto plazo, el Congreso del Estado vuelve a fallar en lo importante: exigir cuentas claras, auditar la infraestructura del SIAPA e implementar soluciones estructurales de saneamiento.
