Martes 28 de octubre.- Determinan en la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, del Congreso de Jalisco, eliminar la obligatoriedad de la verificación vehicular y sustituirla por la “Afinación Ciudadana Obligatoria”, donde los automovilistas podrán llevar sus unidades a talleres mecánicos autorizados bajo la supervisión de una autoridad ambiental.
Diputados integrantes de dicha comisión esperan que el nuevo modelo garantice la protección al medio ambiente sin castigar económicamente a los ciudadanos, fomente la corresponsabilidad ecológica y fortalezca la economía local.
Sin embargo, dicha decisión (llamada Ley Gobel) aprobada por tres de los cuatro integrantes, deberá ser avalada por el pleno del Poder Legislativo para que tenga efectos legales y se aplique.
Esto es “un triunfo de justicia para el pueblo de Jalisco y para el activista Alejandro Gobel”, fundador del movimiento Afinación sí, verificación no, asesinado hace un año. “Hoy avanzamos a pasos agigantados. Es un logro de justicia, de dignidad y de respeto a las familias que durante años fueron víctimas de un sistema recaudatorio y corrupto”, expresó Yussara Canales González, del Partido Verde, una de las integrantes de la comisión.
En su intervención recordó que desde la pasada legislatura ha exigido transparencia en el manejo del llamado Fondo Verde, al que se destinan los recursos de la verificación vehicular:
“Llevo años preguntando qué se hace con ese dinero y nadie sabe responder. Cada año vienen los secretarios a la glosa y no hay una sola explicación. Hoy, con esta ley, estamos poniendo fin a un abuso que convirtió un deber ambiental en negocio privado”, añadió.
“Alejandro Gobel fue asesinado por defender una causa justa, y hoy su nombre se escribe en la historia con dignidad. Esta ley es por él y por todas las familias que no tienen por qué pagar un impuesto verde disfrazado de política ambiental”.
Durante la votación, la diputada Tonantzin Cárdenas destacó que la iniciativa “representa la defensa de la vida y del derecho a un medio ambiente sano”, al tiempo que reconoció el trabajo de los colectivos que resistieron por años frente al monopolio de los verificentros.
Por su parte, el diputado Leonardo Almaguer señaló que la aprobación de la Ley Gobel “demuestra que el Congreso puede ponerse del lado del pueblo y no de los intereses económicos”, y recordó que el contrato de verificación vehicular significaba una carga de 900 millones de pesos anuales para el erario.
La Ley Gobel representa un precedente nacional al poner fin a un esquema concesionado a una empresa extranjera cuestionada por irregularidades y altos costos, reemplazandolo con un modelo ciudadano, descentralizado y técnico.
