Elemental

Criterios

Ari García Padilla*

Por mandato constitucional, el primer año de gobierno del presidente de la República deberá presentar ante la Cámara de Senadores, para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que implica las políticas públicas que la administración integra en la agenda gubernamental hasta el fin de su periodo.

También la carta magna establece mandatos para que el Estado garantice la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y de la misma manera genere condiciones para la preservación del orden público y la paz social.

La estrategia integral de la Cuarta Transformación para el desarrollo nacional  contempla la erradicación de la corrupción, la recuperación del estado de derecho, autonomizar el poder político del económico, crear un nuevo paradigma en materia de seguridad, impulsar una democracia participativa que incluye la revocación de mandato y la consulta popular, generar soluciones de raíz del tema de migración, propiciar la construcción de bienestar y desarrollo sustentable, garantizar el derecho a la educación, contar con servicios de salud en general, construir una economía que conlleve crecimiento, mantenimiento de finanzas sanas, rescate del sector energético, construcción de caminos rurales y el polémico aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, por citar algunos puntos.

Por ello, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se acopla transversalmente al Plan Nacional de Desarrollo citado, que entre todos sus principios busca ejercer el cumplimiento del pacto social en donde el Estado asuma su responsabilidad, imperando siempre el estado de derecho y la justicia social, como lo planteó Jean-Jacques Rousseau en su obra “El contrato social”, “… lo que permite el derecho con lo que dicta el interés, a fin de que no estén separadas la utilidad y la justicia.”

Escritor y filosofo nacido en la antigua confederación suiza, decía que por medio de la asociación se impartía el poder que imperaba en la sociedad, todo bajo una suprema dirección de la voluntad general, con la condición de proteger los bienes de cada uno de los asociados, buscando siempre la libertad de cada uno, a pesar de la unión de éstos.

Conservar un poder supremo que busca concentrar y proteger la voluntad general, se suma a la responsabilidad del Estado, por ello la necesidad de crear un plan nacional de desarrollo y las estrategias de seguridad pública, por mandato constitucional.

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos. Regeneración ética de la sociedad. Reformular el combate a las drogas. Emprender la construcción de la paz. Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, implica la estrategia.

Todo ello conlleva resolver la delincuencia organizada, la impunidad gubernamental, implementar delitos con prisión preventiva oficiosa, combatir conflictos de interés y el lavado de dinero, para derrotar al narcotráfico por su brazo financiero.

Generar fuentes de empleo, inversión en el sector salud, desarrollar programas de bienestar combatiendo zonas marginadas, vulnerables al auge delictivo y fortalecer el sector económico social de la industria y el comercio. Legislar en materia de derechos humanos para que las recomendaciones de Derechos Humanos sean de carácter obligatorio, así como procurar la libertad de implicados por persecución política y de protesta pacífica.

Generación de valores cívicos y éticos que fortalezcan la moralidad social para impulsar la convivencia pacífica y consciente que abata los rezagos sociales. Eliminar la prohibición del consumo de productos  ilegales, para terminar la marginalidad social y el derramamiento de sangre. Que tiene como premisa que el Estado renuncie combatir las adicciones, mediante la persecución de las sustancias que las generan.

La recuperación de la credibilidad gubernamental, de la impartición de justicia y de la aplicación del estado de derecho, la construcción de la paz por medio de estrategias de desarme y de reinserción, así como del combate al autogobierno en los reclusorios.

La reorientación de las fuerzas armadas, la implicación de la integración formal de la guardia nacional en todas sus expresiones, las coordinaciones nacionales, estatales y regionales de las mesas de trabajo en seguridad pública para la construcción de la paz y seguridad, unificando apoyos y convenios de fuerzas federales, estatales y municipales, e implementar un modelo policial nuevo, al tiempo que se fortalece la participación ciudadana y crea nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad.

Todo lo anterior a grandes rasgos, es en lo que consiste la estrategia nacional de seguridad pública de la cuarta transformación, son los instrumentos que deberán implementarse los que generarán polémica por la radicalización de cambios específicos y no limitativos, iniciando por las fuerzas políticas que ostenta el Congreso de la Unión, ya que muchos de las acciones tendientes requerirán de aprobación legislativa, sin olvidar el sector no gubernamental que siempre ha manifestado sus inquietudes y aportaciones en ánimos de abonar, como lo es en temas que ya son discutidos, ejemplo: cannabis.

El 16 de mayo del año en curso, fue publicado en el DOF el decreto con el contenido. La problemática de seguridad es un texto de bastantes páginas que día con día se sigue redactando, sin embargo, en los últimos párrafos debemos escribir “paz y tranquilidad” con un punto final. Es responsabilidad compartida entre estado y sociedad.

*Opinión albergada en Elemental de Andrés Gómez