Guadalajara, Jalisco.-Un Salto de Vida, que presume ser asociación civil, en realidad está integrada por familiares de Enrique Encizo Rivera ─uno de los fundadores─, exfuncionarios y servidores públicos en activo ligados a diversos partidos políticos e incluso algunos de ellos con antecedentes de violar la ley.
De acuerdo con la escritura pública 12,744, Un Salto de Vida, A.C. se constituyó el 24 de enero del 2006 a solicitud de Enrique Encizo Rivera, Jorge Espinoza Rodríguez, Humberto Cortés Gómez, Adrián Curiel Beltrán, y Ramón González Nuño.
Los nexos de la agrupación con la función pública comienzan con Graciela González Torres, esposa de Encizo Rivera, quien fue directora de Ecología en la administración de El Salto que encabezó la panista Beatriz Moreno (2004-2006).
Y aunque estuvo encargada de la gestión ecológica del municipio, González Torres nunca se opuso a la construcción del fraccionamiento La Azucena, en las inmediaciones del río Santiago, afluente al que cayó Miguel Ángel López Rocha, lo que tras 19 días de agonía provocó su muerte, envenenado por el arsénico en el agua.
Sobre el desarrollo inmobiliario, Graciela Torres se justificó diciendo que el permiso se emitió en el año 2000, por lo que nada pudo hacer durante su administración. Esto lo declaró al semanario Conciencia Pública (24/2/20).
Ahora, a través de Un Salto de Vida ─de la que que es miembro desde 2008, fungiendo como secretaria, socia activa y tesorera─, sí se ha manifestado en contra de la construcción del fraccionamiento El Mirador, que está en frente de La Azucena, e incluso han conseguido amparos.
En la misma asamblea de 2008 se unieron como socios honorarios familiares directos de Graciela y de su esposo: Aidé González Torres, María de Lourdes y María Concepción, ambas de apellido Encizo Rivera.
Otros familiares que quedaron dentro de la asociación son: Alan, Adolfo Enrique, Samantha y Atahualpa Sofía Alejandra Encizo González, hijos de Enrique y de Graciela, entre otras 17 personas.
A través de su fan page de Facebook, la asociación asegura que surgió para detener la depredación ambiental en El Salto y Juanacatlán ante la omisión del gobierno y acción de las empresas. No obstante, a ella pertenecen varios funcionarios que han pasado o buscan asentarse en la administración municipal que rodea el río Santiago.
Por ejemplo, el fundador Ramón González fue funcionario del ayuntamiento de Juanacatlán, y en febrero de 2019 recibió un pago de 300 mil pesos por concepto de un laudo, de acuerdo con un oficio firmado por el director jurídico del municipio, Raúl Potrillo Prado.
Un caso similar es el de Adrián Curiel, quien se registró como representante del partido político Nueva Alianza, en un acta que levantó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el 4 de julio de 2012 en Juanacatlán. Además, aparece en un documento del extinto Consejo Electoral del estado (hoy IEPC) como integrante de la planilla de munícipes del Partido Acción Nacional en el mismo municipio.
A otro cofundador, Armando Díaz Suárez, se le abrió el proceso 83/2000 en el municipio de Chapala, y aunque uno de los principios dela asociación es proteger al medio ambiente, éste presume ser un aficionado a la caza en su perfil de Facebook, en el cual aparece mostrando a sus presas junto con Carlos Alberto Ramos Mercado, director de Mercados de El Salto, y también socio de Un Salto de Vida.
Anastacio González Hernández, socio activo de la asociación aparece en la nómina del ayuntamiento de El Salto, y labora dentro de la Contraloría municipal.
En tanto, Arquímides Flores, quien también figura como parte de la organización, es candidato de Futuro a diputado local por el distrito 20. El aspirante a legislar, no sabe respetar la ley, en 2009, la autoridad de tránsito en Aguascalientes lo multó por circular con un vehículo sin placas y sin licencia vigente.
También, Flores fue multado en seis ocasiones, entre 2014 y 2016, por la entonces Secretaría de Movilidad al no respetar el reglamento de vialidad, y, en este año, en Guadalajara y Zapopan por no pagar estacionómetros.
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