Jorge Meléndez Preciado

28 de junio de 2022.- Sin haber resuelto asuntos importantes: el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ni el asesinato de los cinco de la colonia Narvarte, en donde están el fotógrafo Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, entre otros importantes asuntos, más el aumento de los desaparecidos y el asesinato de los jesuitas de Chihuahua, ahora se anuncia una auténtica Comisión de la Verdad.

La anterior, en la que participamos y exigimos algunas cuestiones que no prosperaron, la encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, no pudo avanzar por los frenos y temores de Vicente Fox al ejército y abrir los expedientes en las diversas corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.

Se logró una breve victoria al tener recluido en su casa al ex presidente, Luis Echeverría, durante más de 100 días, gracias a la presión de muchos luchadores por el cambio del país y ante la exigencia de Raúl Álvarez de acusar por genocidio a quien llevó a cabo las represiones de 1968 y 1971.

Jamás se tocó ni con el pétalo de una averiguación al Estado Mayor Presidencial, no obstante que, en la casa del entonces Fiscal para averiguar los Crímenes del Pasado, estuvieron algunos de ellos: Miguel Ángel Godínez y Carlos Humberto Bermúdez.

El temor a los llamados “verdes” es algo común en todo el mundo. En Chile, por desgracia, las políticas de Augusto Pinochet están presentes. Mientras en Estados Unidos, Oliver North, que presidió después la Asociación Nacional del Rifle, fue sentenciado por la operación Irán- Contras a unos meses de cárcel debido a esa ominosa acción.

Ahora, se anunció que se abriría el Campo Militar Número Uno, donde estuvieron detenidos absurdamente los estudiantes del movimiento del 68, entre otros, que es uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento de la Represión 1965-1990.

Dicha organización intentará, escudriñar los documentos, incluso en los archivos militares, lo ocurrido en una serie de represiones que fueron el pan de cada día contra todos aquellos opositores, ya sean preponderantemente de izquierda pero incluso de derecha.

En el acto, Andrés Manuel dijo que muchos ciudadanos tomaron las armas ante el predominio de un régimen autoritario y antidemocrático y que las órdenes provinieron de los civiles (presidentes y gobernadores), más que de los uniformados. Aunque algunos de éstos, también hicieron de las suyas, recordemos a Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, ligados al narco.

López Obrador sacó el caso de Gustavo Díaz Ordaz y Marcelino García Barragán (¡saludos a Juan Veledíaz!). Ya que en realidad quien hizo la tarea cochina fue el jefe del EMP, Luis Gutiérrez Oropeza, por instrucciones del Presidente represor.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estuvo en el acto y aceptó que se investigue hasta las últimas consecuencias, aunque señaló que en el muro de víctimas estén militares que fallecieron en actos diversos.

Y condenó las acciones que se alejaron del principio de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional. También ofreció el apoyo de su corporación sumándose decididamente para aclarar los hechos ocurridos.

Ante ello hay inconformidad manifiesta de que los uniformados estén como víctimas, en lugar de victimarios. Ello se expresó, de inmediato, lo mismo  por  Julio Astillero como por el caricaturista Rocha (La Jornada, 23 de junio), incluso  la CNDH. Reclamo al que nos sumamos.

Se abrirán los archivos de la Brigada Blanca y las bases militares en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Guerrero; el estado Mayor de la Sedena, Policía Militar, de la base del ejército en Pie de la Cuesta y del EMP y averiguar los famosos “vuelos de la muerte”, donde subían a rebeldes y los tiraban desde un aeroplano al océano. No se pone el acento en el sexenio de Carlos Salinas y los más de 600 luchadores asesinados, que el autócrata en España ni veía ni escuchaba, pero sí enviaba al Estado Mayor a reprimir.

Micaela, la hija de Lucio Cabañas, el insurgente maestro, exigió justicia por el asesinato de su padre y otros compañeros, amén de dignificar el recuerdo de ellos.

Alicia de los Ríos, presa en el Campo Militar Número Uno (1987), llamó a investigar todo. Y el coro de muchos de los asistentes fue: “¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!”.

Señala correctamente Eduardo Ibarra en su columna: Utopía (23 de junio), resulta extraño dejar fuera el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), donde se asesinó a Rubén Jaramillo, su mujer Epifanía (embarazada) y a sus hijos; las represiones a maestros (Othón Salazar), ferrocarrileros (Campa y Vallejo), médicos (Rolf Mehiners), campesinos y sus caravanas.

Olvidar ese tipo de masacres no ayuda para nada.

Ojalá la nueva encomienda para Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dé los frutos anhelados, y no haya otra pausa en un asunto trascendente para estos tiempos.

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