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Autonomía universitaria: ¿mero antifaz privatizador?

Autonomía universitaria: ¿mero antifaz privatizador?

Autonomía universitaria: ¿mero antifaz privatizador?

Juan M. Negrete

Es una especie de contrasentido constatar que, separando en grumos por ilustración y ausencia de luces, los más preparados capten la realidad con menos claridad que los de deficiente escolaridad. Es una paradoja inexplicable. Por citar una frase evangélica que le viene como anillo al dedo: son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz.

Enredamos la discusión sobre la autonomía universitaria, que hemos estado procurando ventilar en las colaboraciones anteriores, con el cañamazo de la propiedad territorial en nuestro país. Por supuesto que nos referimos a los formatos que derivaron de lo establecido en la constitución de 1917, producto de las mentes brillantes de nuestra revolución. Ahí se estableció, con todas sus letras para no generar dudas, que habría tres tipos de propiedad: la pública, la privada y la social. Luego se nos ocurrió comparar, tomando los campos de la educación, a las llamadas universidades públicas con la propiedad social. Se impone la distinción entre éstas las que son estatales y las autónomas. Es diferencia por definir para no enredar lo que se está dilucidando. De otra forma, estamos fritos.

Decíamos que los hombres del campo tienen más clarividencia en estos puntos que los letrados. Cogiendo el rábano por las hojas, dijimos que, de las universidades públicas, las denominadas autónomas tendrían cierta similitud en su manejo con la propiedad social (ejidal o comunal). Pues bien, a los campesinos beneficiados con el reparto agrario se les forjó en el cerebro como axioma inamovible que la tierra ni se vende ni se negocia. No es mercancía. Y con esta convicción la mueven, la trabajan y la cuidan. ¿Por qué razón a nuestros universitarios no les entrará a la cabeza una convicción de este tipo?

El problema que se disputa sobre la naturaleza de nuestras IES no es si permanezcan estatales o sean declaradas autónomas. Por supuesto que su autonomía no les alejaría de su naturaleza estatal, que es la cuna de donde proceden y la veta que las sostiene. Autónomas o estatales, es dinero público el que les da manutención. No se les recortará, por mucho que debatamos en su torno. Quienes manejan universidades particulares o privadas no predican como mensaje buscar que se les mermen los insumos a aquellas. Por el contrario, gastan hasta sus mejores gracias para granjearse el mismo apoyo público. O sea que quieren ser incorporadas al gasto público. Por ahí habrá que entender entonces qué cosa es lo que anda ventilándose en estos litigios.

Por un lado, las universidades particulares buscan ser financiadas como las públicas. De conseguir esta atribución, no renunciarían a la obtención de ganancias por sus servicios. Esa es la fuerza motriz que las metió a la danza y no se curarán nunca de tales espasmos. Lo lastimoso es constatar que lo que buscan en el fondo es conseguir que las públicas sean privatizadas, como las suyas. Y vaya que han avanzado en sus tretas. Se pronuncian entonces para conseguir que las públicas operen como las particulares. Que se cobre en ellas por los servicios que obsequian al público. Que se pongan en el mismo tapete de los jaloneos económicos con su clientela, para poder someterlas a la lógica de la competencia. Que saquen jugo aquellas, para justificar o legitimar la obtención de dividendos que obtienen ellos en las suyas. Y así ser paritarios unos con otros. Muchos, demasiados, ya les siguen la solfa. La UdeG anda de caponera en este desvío y no parece ensayar a corregirse.

A los campesinos se les entregó la posesión (social) de la tierra para luchar por su sostén. A la par, harian posible la manutención del resto. La única condición impuesta, que los fundos entregados en posesión no eran mercancía. Así han operado. Así han funcionado nuestros labriegos por mucho tiempo. Hay que repetirles a los tozudos universitarios la misma lección, si es que la olvidaron. Muchos traen empañada la visión: la educación no es ninguna mercancía. No se va a exhibir en mostradores, ni se le va a etiquetar precio alguno. Es lo que la tierra al campesino, la salud para los médicos, la seguridad para las fuerzas armadas, la atención pública para los políticos… La educación no debe manejarse como mercancía. Es un bien público y con tales postulados la hemos de entender siempre, así nos vaya la vida en ello. Fue el mandato de la revolución del 17 y aún no hemos abjurado de tales principios.

¿Desde cuándo registramos embates a nivel nacional, en sentido contrario? No es difícil hallar pistas. Va la nota de un congreso del DHIAC del 17 y 18 de octubre de 1991 (Proceso 782, 28/X/91, pág. 51). Proponía reformas a nuestra constitución. Luego se apoderaron del gobierno y las impusieron:

1.- En educación: reformar el artículo 3º, para garantizar plenamente la libertad de enseñanza, de valores, principios morales y religiosos de acuerdo a las convicciones de los padres de los educandos. Y que puedan abrir escuelas quienes gusten, sin restricción alguna.

2.- En el trabajo: reformar el artículo 123º, para dar mayor impulso a la productividad, favorecer la competencia y derogar la cláusula de exclusión y otras, que restan flexibilidad (sic) a la relación de trabajo.

3.- En el campo: modificar el artículo 27º para derogar el ejido y modificar el artículo 25º para acabar con la entelequia del sector social de la economía.

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