¿Son las universidades públicas autónomas ínsulas privilegiadas, con cualidades de extraterritorialidad jurídica que las ponen al margen de la transparencia y la rendición de cuentas, pese a que reciben cuantiosos subsidios de los gobiernos federal y estatales, pagados con dinero de los contribuyentes?

Ese es un asunto que la nueva administración sexenal de Andrés Manuel López Obrador tendrá que resolver con firmeza, para evitar que se generen o se profundicen perniciosas distorsiones en todo el país.

El pasado martes 16 de octubre, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, María del Rosario Robles Berlanga insistió en que es inocente del posible desvío de millones de pesos en efectivo desde las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue titular del 2012 al 2015, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la que permanece como principal responsable desde el 2015 hasta la fecha.

Ambas dependencias firmaron contratos con ocho universidades públicas, que a su vez contrataron a empresas fantasma por trabajos que nunca se realizaron, según documentó el reportaje publicado por el portal digital Animal Político el 5 de septiembre del 2017, en el que señala a funcionarios de 11 dependencias y ocho universidades públicas, involucradas en actos de corrupción y presumibles delitos que causaron daño al erario.

Al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de 11 dependencias -entre ellas Sedesol y Sedatu- Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Las universidades públicas involucradas son la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Carmen (Campeche), la Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa (en Cárdenas, Tabasco), la Juárez Autónoma de Tabasco, La Universidad Politécnica del Golfo de México (en Paraíso, Tabasco), el Instituto Técnico Superior de Comalcalco (Tabasco) y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Robles Berlanga responsabilizó a estas universidades de haber contratado empresas fantasmas: “A la Sedatu y la Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con las universidades, no les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas, y somos respetuosos por ley de los procedimientos que ellas mismas se dan”, dijo.

Obligadas a rendir cuentas

La premisa y excusa expresada por Robles Berlanga, sobre la autonomía de las universidades públicas carece de sustento jurídico.

Habría que recordar que el viernes 30 de agosto del 2002, al resolver un amparo (317/2001) promovido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que argumentaba que por gozar de autonomía no debía ser fiscalizada (con respecto a su ejercicio fiscal 1999), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad de sus cinco integrantes, que las universidades públicas tienen la obligación de rendir cuentas al pueblo y justificar el uso correcto de los subsidios que se les otorgan.

Por tal razón, pueden ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico-contable auxiliar de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte estableció que la autonomía no impide la fiscalización del dinero que los contribuyentes le confían a las universidades públicas.

Los ministros reconocieron el principio de autonomía universitaria como la facultad y la responsabilidad de las universidades de gobernarse a sí mismas, de realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura con libertad de cátedra e investigación. De la misma manera están facultadas para administrar su patrimonio, formular sus planes de estudio y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico.

La situación en Jalisco

Los artículos 50 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco definen a la Universidad de Guadalajara (UdeG) como un organismo público descentralizado que forma parte de los organismos paraestatales del Poder Ejecutivo, en la estructura de la Administración Pública del Estado.

En tanto que el artículo primero de la Ley Orgánica de la UdeG reconoce que esta institución es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Por lo tanto, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (órgano técnico auxiliar del Congreso de la entidad) está facultada y obligada a fiscalizar con rigor a la UdeG, considerando que ejerce el segundo presupuesto más importante en la entidad, después del gobierno estatal. Igual tarea debería realizar la Contraloría del Estado de Jalisco.

En el ámbito de la racionalidad y la pertinencia hay mucho que la UdeG tendría que explicar y mucho que debería fiscalizarse y auditarse.

Por ejemplo, los recursos millonarios con los que opera el Corporativo de Empresas Universitarias (CEU), cuyo presidente es el exrector y cacique de la institución desde hace 29 años, Raúl Padilla López, que bien podrían destinarse a labores sustantivas de la UdeG, como docencia, academia e investigación.

En 2018 el costo de las operaciones del CEU fue de 567 millones 882 mil 595 pesos. En contraste, centros universitarios como el CUCEA tendrá un presupuesto menor que el CEU, de 561 millones 956 mil 295 pesos; el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño tendrá 317 millones 149 mil 616 pesos y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias tendrá 371 millones 393 mil 840 pesos.

En 2018 el presupuesto de egresos de la UdeG asciende a 13 mil 398 millones 636 mil 627 pesos, de los cuales el 42.78 por ciento representarán el subsidio federal ordinario, que sumará 5 mil 733 millones 230 mil 734 pesos.