Select Page

Ayotzinapa a la vista / IV (y última)

Ayotzinapa a la vista / IV (y última)

Ayotzinapa a la vista / IV (y última)

Juan M. Negrete

Dejamos para el final del listado de las evasivas el de la desaparición forzada, por ser más compleja. Hay que preguntarse en qué consiste dicha tipificación y por qué puede ser tan importante que a estos hechos no se les caracterice con ella. El esfuerzo oficial en este proceso consistió en la intención de convencer a los familiares de que sus seres queridos estaban muertos, sin aportar pruebas contundentes para ratificar su dicho. Ya a estas alturas los interesados en una respuesta realista y sensata sobre el caso manejan como variable efectiva la posibilidad de que los muchachos hayan sido sacrificados.

Quedó en evidencia ante la conciencia colectiva que el gran distractor en el asunto estuvo en los círculos oficiosos, en el propio gobierno. A quien se le pregunte sobre el hecho responde que el estado no dio seguimiento a las investigaciones de estos crímenes. Una de las imágenes más recurrentes de las manifestaciones de protesta, en cartelones, en pinturas, en convicción, recurrió siempre a responsabilizar al gobierno no sólo del tortuguismo y de las evasivas en la investigación, sino en la realización misma del crimen. “Fue el estado”, como se asentó con veladoras en el mismo zócalo de la ciudad de México tras la tercera marcha de protesta.

La figura del secuestro contemplaba mayores castigos que la desaparición forzada. Hubo quien sostuvo en su momento que la desaparición forzada ni siquiera existía tipificada en nuestros códigos penales. Sí existía, pero con penas de prisión menores que por ejemplo a la del secuestro, como queda dicho. Y a pesar de estar minimizada en el papel, aún así buscaba la línea oficial que no fuera a caer en dicha caracterización. Al no ser tipificado como tal, las consecuencias para el estado serán mínimas, porque la responsabilidad sería escabullida al régimen y se atribuiría sólo a los acusados del caso.

Un año después de estos hechos lamentables, sólo seis personas habían sido condenadas por desaparición forzada en México. Eso explica la cerrazón y la terquedad de la esfera oficial a insistir en los datos de su ‘verdad histórica’, aún teniendo todas las evidencias en contra. De aceptar esta figura para este asunto, muchos documentos sujetos a protección deberían hacerse públicos, de acuerdo a la ley federal de transparencia. Bajo las leyes internacionales y de acuerdo con el Estatuto de Roma, del cual México es signante, el delito de desaparición forzada está prohibido. Se puede tipificar como crimen de lesa humanidad si se demuestra ser practicado de forma extendida o sistemática.

Human Rights Watch señala que en México, las investigaciones sobre desaparición forzada tienen fallas sistemáticas tales como mal manejo de la evidencia y negligencia en asegurar rápidamente la escena del crimen. Eso pasó en Iguala: La policía municipal guardó los casquillos de la escena del primer ataque. El lugar del ataque quedó sin asegurar por horas. El manejo del basurero de Cocula, donde los cuerpos de los estudiantes fueron supuestamente calcinados, recibió trato similar.

Al ser demostrado que fue una desaparición forzada, se proveería evidencia de abusos sistemáticos, se iniciarían cargos de crímenes de lesa humanidad y hasta se pondrían en riesgo los millones de dólares designados para asistencia de seguridad, que México recibe de los Estados Unidos, donde más le duele a la élite en el poder. La “Ley Leahy” señala como ilegal el apoyo a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos. Los apoyos a México podrían ser descalificados por esta vía. La mayoría de las acusaciones son por secuestro y delincuencia organizada. Pareciera que hay una intencionalidad de diluir responsabilidad del Estado al no acusar por desaparición forzada.

Se sigue insistiendo en la teoría del caso planteada como principal hipótesis por la PGR, que sustenta haber sido el último paradero de los estudiantes el basurero de Cocula. Se han localizado más fosas que implican decenas de personas desaparecidas. Hay que construir patrones de actuación, tanto de las autoridades policiales como del crimen organizado para ubicar posibles nuevas pistas del paradero de los estudiantes. No hay número exacto de fosas, pero hay más de noventa exhumaciones hechas en Cerro las Parotas y en Cerro Viejo.

La investigación está fragmentada en 13 causas radicadas en 6 juzgados distintos, en lugar de unificarla y conectar los delitos. Se diversificaron los lugares para las acusaciones: Matamoros, Nayarit, el Antiplano, en Almoloya, Estado de México; en Puente Grande, Jalisco. Las acusaciones versan sobre homicidio, delincuencia organizada, secuestro. Las causas están en Matamoros, Jalisco, Iguala y los detenidos están en otros estados. El surrealismo jurídico en toda la extensión de la palabra.

Se refiere que hay 106 personas detenidas. No está claro todavía si a alguno se le sigue imputación por el delito de desaparición forzada. Otros delitos conexos representan graves violaciones. El caso de Julio César Mondragón, ejecución extrajudicial y tortura, sigue en la impunidad. 106 personas detenidas y procesadas pero no hay explicación de los hechos. Jesús Murillo Karam faltó a la verdad al decir que no había ningún elemento en la investigación que vinculara al Ejército. El Ejército desde el primer día tuvo que ser investigado. Hay aún muchos cabos sueltos. Es ardua la tarea que tiene ante sí la comisión de la verdad. Estaremos atentos a sus planteamientos.

Comentarios

Acerca del autor

Quienes Somos

Tradoc-Blackstone

Tradoc-Blackstone: Pasión en movimiento

1

Videocolumnas

Loading...

Tweets Recientes

Hemeroteca

Compartir