Ayotzinapa: otro crimen de Estado

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Román Munguía Huato

Esto es el país de las fosas
Señoras y señores
Este es el país de los aullidos
Este es el país de los niños en llamas
Este es el país de las mujeres martirizadas
Este es el país que ayer apenas existía
Y ahora no se sabe dónde quedó
Estamos perdidos entre bocanadas
De azufre maldito
Y fogatas arrasadoras

Ayotzinapa. David Huerta

30 de agosto de 2022.- Esa noche parecía que sería muy apacible para los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La escuela está situada en el poblado de Tixtla de Guerrero –a 17 kilómetros de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Por la tarde los jóvenes habían ido a la ciudad de Iguala para secuestrar autobuses y viajar a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la marcha de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968.

Pero la noche en Iguala se tornaría en un infierno dantesco para los jóvenes activistas. El terror empezaría con otra masacre nunca imaginada por los estudiantes. Esa noche fueron blanco de cinco ataques armados perpetrados por la policía municipal de Iguala, los policías federales, en complicidad con los grupos paramilitares de narcos (Guerreros Unidos) y de militares del 27 y 41 batallones de infantería de esa ciudad. El primer ataque armado contra los normalistas empezaría cerca de las 21:30 horas. Los policías municipales de Iguala y Cocula portaban fusiles automáticos R-15 o G36 de calibre .223 y pistolas calibre 9 mm, al igual que los federales, mientras que los militares del 27 Batallón de Infantería portaba el rifle de asalto G3.

La noche espantosa terminaría con la desaparición de 43 normalistas de entre 17 y 21 años, aunque ya había varios muertos por metralla de los policías y los narcos. Después de las balaceras, hacia las tres y media de la madrugada volvía una aparente tranquilidad, pero era una tranquilidad siniestra de un silencio terrorífico. La sangre fresca seguía regada por algunas calles en esa noche de Iguala, era el 26 de septiembre de 2014. Lo cierto es que todos los elementos de la seguridad pública dejaron que la violencia masacrara a los estudiantes; todo ello con la vigilancia activa del Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Federal (PF), hoy integrada a la Guardia Nacional.

Tiempo después se conocería la versión oficial de los hechos criminales, la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República. Tal versión sostiene que la mayoría de los cuerpos de los estudiantes ya acribillados, fueron incinerados en el basurero de Cocula por órdenes de los jefes de Guerreros Unidos. Murillo Karam hoy está en prisión preventiva para ser juzgado por los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de justicia y tortura. A lo largo de la investigación del caso han fallecido o han sido asesinadas 26 personas más. Con la detención de Karam, la Fiscalía General anunció 83 órdenes de captura, que incluyen a 20 mandos del Ejército y altos cargos de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Federal, y de otras dependencias federales, pero no se menciona a la cúpula del poder de entonces.

Después de casi ocho años de ocurrida la matanza, la nueva versión oficial sostiene que hay indicios de que los 43 estudiantes desaparecidos ya no están vivos por lo que constituye un crimen de Estado. A tal conclusión llegó el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentado el 18 de agosto por Alejandro Encinas. Pero este Informe tampoco da indicios de dónde yacen los cuerpos de los desaparecidos ni va al fondo del asunto con los altos responsables políticos. Este gobierno ha demorado casi cuatro años en su investigación, aunque ya reconoce gran parte de la verdad de los hechos.

La historia de la violenta y criminal represión contra los normalistas de Ayotzinapa es más larga, pues en la mañana del 12 de diciembre de 2011, siendo gobernador Ángel Aguirre Rivero, hubo una masacre cuando cerca de 300 normalistas bloquearon la autopista México-Acapulco a la altura de la caseta de Palo Blanco: al punto llegaron 61 policías federales, 73 de Seguridad Pública estatal y 34 ministeriales: en total, 168 efectivos contra los estudiantes. La federal llevaba 59 armas, la ministerial 26 y la preventiva estatal seis. Los federales lanzaron una granada de gas lacrimógeno y simultáneamente inició un incendio del lado en el que estaban los normalistas. Los federales empezaron a disparar, secundados por los policías locales, asesinando a Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera. Tres personas más resultaron heridas.

Los bloqueos de la autopista eran parte de las movilizaciones estudiantiles para exigir al gobierno estatal el aumento del presupuesto para mejoras a la escuela. Estas demandas legítimas causaban mucha irritación a las autoridades gubernamentales y porque entorpecían la circulación de vehículos y con ello las afectaciones económicas. Además, la escuela estaba en la mira del gobierno federal para su desaparición por razones políticas, pues algunos de sus alumnos forman parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de larga data y que mantiene una postura de lucha por la defensa de la formación de maestros rurales. Lucio Cabañas, fue un guerrillero que estudió en la normal rural de Ayotzinapa y fundó el Partido de los Pobres. “Si algunas universidades llegan a ser un dolor de cabeza para los gobiernos locales, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha sido como una migraña en la cabeza de los poderes políticos. Antes lo fue sobre todo para los gobernantes del PRI.”

Ayotzinapa desde siempre

Esta cuestión política hace considerar que la lucha estudiantil de esta escuela normal rural era ya intolerable para el gobierno federal y los grupos oligárquicos guerrerenses, dentro de los cuales forman parte las poderosas organizaciones del narcotráfico local como los Guerreros Unidos, asociados a las también poderosas empresas mineras de la región: “En el corredor de Iguala, Cocula y la Tierra Caliente las firmas mineras pagan cuotas al crimen organizado para asegurar la extracción de oro”. https://www.jornada.com.mx/2022/08/26/opinion/020a2pol

Si el Estado autoritario ya había masacrado una rebelión estudiantil y popular en 1968, cuyas demandas en forma pacífica eran meramente democráticas, y tres años después haría lo mismo con el Halconazo ¿Por qué no habría de hacerlo con unos pobres estudiantes de origen campesino e indígena?

El ominoso historial de los crímenes de Estado y/o lesa humanidad en México es muy largo y en casi todas las masacres han intervenido las tropas militares, a veces disfrazadas de civiles, y cuerpos policiales. “Los crímenes de Estado son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares (como los grupos paramilitares) que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado. Algunos de estos crímenes son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.” Todos sabemos que la “guerra sucia” desatada en Guerrero en los años 60–70 contra la población civil; el 2 de octubre del 68; el Halconazo del 71; Aguas Blancas (1995); Acteal (Chiapas, 1997); San Salvador Atenco (2006); Tlatlaya (Estado de México, 2014); Ayotzinapa (2014); Nochistlán (Oaxaca, 2016); etcétera, entre otras masacres, han sido crímenes cometidos por el Estado.

¿Hasta dónde perseguirá la mano de la justicia a los responsables de la Noche de Iguala? Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México fue responsable de la violenta represión en San Salvador Atenco, Estado de México, siendo presidente Vicente Fox. En la Noche de Iguala el presidente era Peña Nieto y el secretario de la Sedena era el general Salvador Cienfuegos.

Durante casi ocho años los padres, madres y familiares de los 43 de Ayotzinapa han dado muestras de fortaleza moral para resistir la tragedia exigiendo la aparición de los estudiantes y justicia. “No les mueve la venganza, sino la esperanza”. Esa entereza de su lucha ha sido compartida con la solidaridad de miles de mexicanos.

En teoría se supone que el Estado debe proteger la vida de los ciudadanos, pero en la realidad esencialmente se dedica a proteger al capital y a quienes lo encarnan. En muchas ocasiones, como aparato represivo, es el artero asesino de la población civil. El Estado, en su forma más descarnada, es un instrumento político muy violento y criminal, un monstruo Leviatán que ataca, especialmente, a su enemigo de clase, la población trabajadora insurrecta…

¡Solidaridad total con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa! ¡Justicia y Verdad para los estudiantes de Ayotzinapa.

(Foto principal: BBC)

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