Por: Eduardo Esquivel Torres
Jueves 14 de mayo de 2026. – Regidores del Ayuntamiento de Guadalajara votaron para exigir a la Cámara de Diputados el regreso del Fondo Metropolitano y la creación de un Fondo de Capitalidad.
La propuesta, impulsada por la alcaldesa, Vero Delgadillo, y respaldada por la mayoría del cabildo, busca obligar a la Federación a devolver recursos para reparar las golpeadas calles e infraestructura hidrosanitaria del municipio.
La desaparición del Fondo Metropolitano en 2019 por orden del Gobierno Federal sepultó la capacidad económica de los municipios para financiar obras de gran escala. Con la aprobación de este exhorto, Guadalajara busca presionar un cambio de rumbo presupuestal.
“Lo que pedimos es que nos brinden los fondos necesarios para poder arreglar todas las calles e infraestructura hidrosanitaria. Con el dinero que aportan de sus impuestos las y los tapatíos, la federación nos debe regresar lo justo. No estamos pidiendo ningún regalo, estamos exigiendo justicia redistributiva”, sentenció Delgadillo.
Antes de su eliminación, este fondo federal permitía la rehabilitación directa de mercados, espacios públicos, vialidades y colectores pluviales, proyectos que hoy se encuentran frenados o limitados por el centralismo presupuestal.
El argumento central para exigir el Fondo de Capitalidad —una propuesta que Delgadillo arrastra desde diciembre pasado junto a alcaldes de otras capitales del país— radica en el desgaste desproporcionado que sufre la ciudad.
Aunque Guadalajara cuenta con 1.3 millones de habitantes fijos, la población se duplica diariamente a casi 3 millones de personas que llegan de otros municipios y del occidente del país para trabajar o estudiar.
En la misma sesión, el cabildo aprobó por mayoría un convenio de colaboración con el Gobierno de Jalisco en materia de inspección y vigilancia. Este acuerdo faculta al Estado a intervenir de manera conjunta en comercios y espacios públicos que formalmente pertenecen a la jurisdicción municipal.
La regidora Fabiola Cuán justificó la medida bajo el argumento de combatir actividades ilícitas y prevenir conductas delictivas en una estrategia metropolitana que involucra a los nueve municipios de la región.
El mecanismo legal se ampara en las constituciones federal y estatal, buscando paliar los problemas de inseguridad que azotan a la zona urbana a través de una coordinación institucional que, en la práctica, centraliza las labores de supervisión comercial en manos del gobierno estatal.
