Guadalajara, Jalisco.-A pesar de que Macedonio Tamez Guajardo, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, aseguró que hay menos impunidad, más detenidos y personas en la cárcel, las cifras oficiales demuestran lo contrario.
De acuerdo con datos del Poder Judicial consultados por El Informador, los números bajaron, pero hasta el año pasado. Por ejemplo, en 2018 hubo ocho mil 535 detenciones, mientras que el año pasado fueron sólo tres mil 530. En el 2013 estaban en prisión 16 mil 948 personas; el año pasado, 13 mil 385.
Tamez contradice dichas estadísticas sin y comentó a la citada fuente: “Lo que importa es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que ha aumentado gracias a la eficacia de la Fiscalía. Hay más detenidos y más gente vinculada a proceso. Voy a preparar una ficha (aún no se recibe)”.
—En los últimos años ha reducido la población penitenciaria y el número de detenidos en el Estado, ¿a qué obedece?
—El número de la población penitenciaria es oscilante, sube y baja cada semana, según el Estado, por los diferentes procesos. Lo que importa es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que se ha aumentado gracias a la eficacia de la Fiscalía del Estado que está en manos de un penalista como es Gerardo Octavio Solís, experto en derecho penal y en derecho procesal penal. No todo mundo vinculado a un proceso penal tiene que estar encarcelado, según el sistema penal acusatorio.
Del total de denuncias presentadas el año pasado (156 mil 653), solo el 6.7% (10 mil 644) fueron resueltas por medio de justicia alternativa. Esto representó un aumento, pero en delitos menores como robo e celular, reloj o dinero. La cuestión aquí son los delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones.
Un problema que hay con respecto a los medios de justicia alternativa es que en varios casos obligan a las personas a llegar a un acuerdo, a pesar de que no se demuestra la culpabilidad.
Según el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, Jalisco es el penúltimo estado que deriva sus procedimientos penales a métodos alteranativos con 3.8 de cada 100, y el último en resolverlos por estas vías.
Otro aspecto que le critican a los procedimientos, es su lentitud. La semana pasada, una persona y sus acompañantes llevaban esperando cinco horas para entrar a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ampliar la declaración y darle continuidad a la demanda que presentaron en septiembre del año pasado por robo a negocio.
Se les citó a las 3:00 pm, pero hasta pasadas las 8:00 pm les informaron que ya faltaba mucho para que ingresaran. “Es día que todavía no se resuelve y estamos intentando que se dé con los responsables, para que se tenga alguna responsabilidad penal. Sí se tardan mucho, somos víctimas y nos tienen aquí muchísimo tiempo”.
Aunque la denuncia y los documentos necesarios ya fueron presentados, el proceso ha tardado. Desde que se abrió la carpeta de investigación, dice, han acudido como en cuatro ocasiones a la Fiscalía para ampliar la información. “Representa gasto y tiempo. Queremos justicia y realmente liquidar el asunto, ya no más vueltas, y que sí enfrenten alguna responsabilidad penal estos delincuentes”.
Las autoridades les informan que “sí están tras la pista, que probablemente han participado en más robos, pero ahí va el asunto”.
Con información deEl Informador
