El año pasado, en Jalisco se abrieron 156 mil 653 carpetas de investigación. 18 de 41 delitos del fueron común aumentaron, entre ellos homicidio doloso, personas desaparecidas, violación, abuso sexual, trata de personas, robos con violencia, fraudes, falsificación, amenazas y violencia familiar.

Acerca de hacerle frente a los robos y asaltos, Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, hizo hincapié sobre que “en algunos puntos, el comercio está dispuesto a colocar guardias, pero sin que esto sustituya la responsabilidad del Gobierno”.

Entre el 2013 y 2019, la Fiscalía de Jalisco acumuló un total de 11 mil 134 órdenes de aprehensión y reaprehensión. Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que el problema es el rezago y lo que se sigue acumulando. Añadió que las autoridades respondieron vía Transparencia que se archivaron 50 mil órdenes de detención. “Ésta es la realidad, de nada sirve que la gente esté denunciando si todo lo tiran a la basura”.

También apuntó la falta de personal y de profesionalización de los elementos investigadores. “Tienen de cinco a seis agentes del Ministerio Público para 10 mil carpetas de investigación. ¿Dónde creen que va a tener la capacidad el Ministerio Público para hacerlo? Esto no va a funcionar”.

Según el estudio hecho por Impunidad Cero, Jalisco cuenta con 4.4 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, convirtiéndolo en el segundo estado con menor cantidad.

Durante el 2019 se judicializaron 11 mil 669 carpetas de investigación (de un total de 156 mil 653). De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, sólo se emitieron mil 551 sentencias condenatorias. En 2013, fueron tres mil 755.

La población penitenciaria bajó en los últimos siete años, pero también  las personas detenidas y vinculadas a proceso. En 2018 se realizaron ocho mil 535 detenciones, de las cuales cuatro mil 716 fueron legales, durante el año pasado se registraron sólo tres mil 530, de las cuales dos mil 021 fueron legales.

Al cuestionar dicha información, Tamez Guajardo dijo que investigaría los datos.

—En los últimos años ha reducido la población penitenciaria y el número de detenidos en el Estado, ¿a qué obedece?

—El número de la población penitenciaria es oscilante, sube y baja cada semana, según el Estado, por los diferentes procesos. Lo que importa es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que se ha aumentado gracias a la eficacia de la Fiscalía del Estado que está en manos de un penalista como es Gerardo Octavio Solís, experto en derecho penal y en derecho procesal penal. No todo mundo vinculado a un proceso penal tiene que estar encarcelado, según el sistema penal acusatorio.

Del total de denuncias presentadas el año pasado (156 mil 653), solo el 6.7% (10 mil 644) fueron resueltas por medio de justicia alternativa. Esto representó un aumento, pero en delitos menores como robo e celular, reloj o dinero. La cuestión aquí son los delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones.

Un problema que hay con respecto a los medios de justicia alternativa es que en varios casos obligan a las personas a llegar a un acuerdo, a pesar de que no se demuestra la culpabilidad.

Según el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, Jalisco es el penúltimo estado que deriva sus procedimientos penales a métodos alteranativos con 3.8 de cada 100, y el último en resolverlos por estas vías.

Otro aspecto que le critican a los procedimientos, es su lentitud. La semana pasada, una persona y sus acompañantes llevaban esperando cinco horas para entrar a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ampliar la declaración y darle continuidad a la demanda que presentaron en septiembre del año pasado por robo a negocio.

Se les citó a las 3:00 pm, pero hasta pasadas las 8:00 pm les informaron que ya faltaba mucho para que ingresaran. “Es día que todavía no se resuelve y estamos intentando que se dé con los responsables, para que se tenga alguna responsabilidad penal. Sí se tardan mucho, somos víctimas y nos tienen aquí muchísimo tiempo”.

Aunque la denuncia y los documentos necesarios ya fueron presentados, el proceso ha tardado. Desde que se abrió la carpeta de investigación, dice, han acudido como en cuatro ocasiones a la Fiscalía para ampliar la información. “Representa gasto y tiempo. Queremos justicia y realmente liquidar el asunto, ya no más vueltas, y que sí enfrenten alguna responsabilidad penal estos delincuentes”.

Las autoridades les informan que “sí están tras la pista, que probablemente han participado en más robos, pero ahí va el asunto”.

 

Con información deEl Informador