Morelia, Michoacán.- De manera contradictoria, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció este día que más de 2 mil agentes de la Guardia Civil se encuentran desplegados como parte del operativo Guardianes del Camino, con el objetivo de preservar el orden y garantizar la seguridad de turistas y visitantes durante Semana Santa.
Lo anterior contrasta con el decreto emitido el 29 de diciembre de 2023, mediante el cual se prohíbe a la Guardia Civil levantar infracciones en carreteras, restringiendo sus funciones operativas.
En la conferencia de este lunes, el mandatario detalló que los elementos estatales brindan auxilio y acompañamiento en la red carretera con mayor flujo vehicular, así como en eventos religiosos, Pueblos Mágicos, playas, balnearios y zonas turísticas.
Otra contradicción: apenas en enero pasado, el gobernador morenista presentó al agrupamiento Guardianes del Camino, una división de la Guardia Civil encargada de vigilar 15 rutas estratégicas del estado, integrada por 240 agentes especializados en seguridad carretera, 800 guardias civiles con cámaras corporales y 60 nuevas patrullas Ford Police Interceptor conectadas al C5.
La Guardia Civil es señalada como una de las corporaciones con mayores problemas de corrupción en la entidad, con constantes cambios en sus agrupaciones y mandos. De ahí que, mediante el decreto de 2023, se le retiraran facultades como la imposición de infracciones en carreteras estatales y zonas urbanas.
“La medida entró en vigor con el objetivo de evitar la corrupción y priorizar la seguridad vial sobre la recaudación”.
Inicialmente, los Guardianes del Camino fueron desplegados en municipios como Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Peribán, con la promesa de ampliar gradualmente su cobertura a otros tramos prioritarios.
Aún más: el 15 de diciembre de 2025, el gobernador firmó otro decreto que elimina las multas de tránsito por parte de la Guardia Civil y Tránsito Estatal. La disposición fue oficializada tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de ese mismo año.
Nueva función de la Guardia Civil:
- Ya no puede detener vehículos para revisar documentos ni aplicar sanciones económicas.
- Su labor se limita a brindar auxilio vial y ordenar el tránsito.
¿Quién sí puede multar?
- Policías municipales, si sus reglamentos lo permiten.
- La Guardia Nacional, en carreteras federales.
¿Qué hacer ante un abuso?
- El gobierno estatal ha pedido denunciar de inmediato al número de emergencias.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que existe monitoreo en tiempo real a través del C5, con el fin de atender cualquier emergencia.
Ramírez Bedolla destacó la instalación de destacamentos en tramos carreteros de municipios como Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío y Cuitzeo, y recordó que la línea 911 opera de manera permanente.
Sin embargo, persiste la desconfianza ciudadana hacia los llamados Guardianes del Camino, a quienes diversos sectores acusan de posibles prácticas de extorsión y de actuar como informantes de grupos delictivos que operan en la entidad.
El gobernador se mostró exultante al presentar las nuevas unidades; no obstante, versiones provenientes de inteligencia militar refieren un panorama distinto. Un reporte confidencial, al que este reportero tuvo acceso, señala que elementos encargados de la vigilancia carretera presuntamente alertan a células delictivas sobre la presencia de fuerzas federales.
Según el documento, “comisarios regionales y mandos municipales estarían condicionados a entregar cuotas y recibir pagos mensuales del crimen organizado”, lo que explicaría por qué la Guardia Civil “solo muestra resultados cuando actúa en coordinación con la Guardia Nacional y la Sedena”.
Como antecedente, el Gobierno de Michoacán confirmó la separación del cargo y puesta a disposición de 9 elementos de la Guardia Civil, investigados por actos de corrupción.
De acuerdo con la autoridad, los agentes fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos de cohecho y abuso de autoridad, tras ser señalados por extorsionar a ciudadanos bajo la amenaza de aplicar sanciones viales inexistentes.
La presentación de estos elementos ante el Ministerio Público ocurrió a un mes de la entrada en vigor del decreto que eliminó las multas de tránsito, medida diseñada precisamente para evitar actos de amedrentamiento y recaudación indebida.
Pese a ello, los nueve agentes ahora bajo proceso fueron denunciados por automovilistas, a quienes presuntamente intentaron extorsionar utilizando la intimidación administrativa como mecanismo de coacción.
