Uno de los problemas que más afecta a la comunidad universitaria es el de las llamadas cantinas escolares. Explico el concepto, ya que pareciera absurdo hablar mezclar ambos concepto y que éstos estén asociados al tema de la educación, escuelas y universidades, configurado como un grave problema.
En los últimos años prácticamente todos los planteles educativos de cualquier nivel de formación se ha visto amenazado por el acecho de empresarios y autoridades municipales y estatales sin escrúpulos, que ven una forma más de hacer dinero a través de la instalación de centros de consumo de alcohol: bares, antros, cantinas y demás.
Lo anterior con un alto costo social, pues sistemáticamente muchos jóvenes se enganchan con los vicios que los podrían orillar la deserción escolar, en el menos sombrío de los panoramas. Por si fuera poco, a estos lugares se les puede llamar o disfrazar como alitas, loncherías, tienditas, aguas frescas, o de plano cantinas donde se vende alcohol a lo que en su mayoría son menores de edad.
Por ello, resulta paradójico que la autoridad ─con la doble cara que le caracteriza─ presuma el combate a drogadicción y a los vicios, pero al mismo tiempo autoriza licencias, permisos, concesiones a empresarios para instalar dichos centros de consumo prácticamente frente a los planteles educativos.
La inseguridad entorno a los planteles educativos es compleja, la comunidad universitaria frecuentemente es víctima de robos, asaltos, levantones y un largo etcétera de actividades delictivas. Desde hace más de una década, la Coordinación de Seguridad de la Unividersidad de Guadalajara (UdeG), generando inteligencia, tiene un banco de datos en el que con toda precisión se puede apreciar la problemática de inseguridad que se vive entorno a las casas de estudio.
Es por ello que desde hace un par de lustros, la seguridad en la UdeG fue más allá de la seguridad tradicional de cerrar puertas y ventanas, saliendo a las calles a aplicar el programa Universidad Segura, con una ala que ha cobrado prestigio a nivel nacional e internacional como es: Sendero Seguro. Capacitando a demás a miles de estudiantes, académicos, administrativos y prácticamente a quien lo solicite en temas de prevención del delito.
Curiosamente la emergencia sanitaria vino a poner fin a las cantinas escolares. Hemos podido constatar que un gran número ─por no decir que el 100 por ciento─ de negocios que se dedican al giro de venta de alcohol a estudiantes han tronado. La respuesta es sencilla: se quedaron sin clientes, pue éstos provenían de las preparatorias, universidades y escuelas en general.
Empresarios y autoridades estatales y/o municipales se las arreglan para entregar permisos y licencias aún violando la norma, que es tajante al prohibir la instalación de centros donde se venda alcohol al menos de 200 metros de distancia.
El problema se agrava y se multiplica, cuando sabemos que en estos lugares la venta de alcohol a menores es solo el pretexto para engancharlos en el consumo de droga. Es así como podemos entender la gran red de corrupción que tenemos en Jalisco, asociada directamente con el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, quienes pelean colonia por colonia, cuadra por cuadra y centímetro a centímetro, lo que ellos llaman sus espacios, sus plazas.
Que incluso esos espacios son respetados y avalados por autoridades y policías municipales. La piedra angular del complejo problema que vivimos en Jalisco de inseguridad y violencia. Jalisco ocupa el nada honroso primer lugar en desaparecidos a nivel nacional, así como el de fosas clandestinas localizadas. Evidentemente la autoridad fomenta y participa directamente otorgando permisos ilegales para estos giros. Todo redunda en jugosas ganancias entre los participantes.
Esperamos que en la coyuntura que nos encontramos, se aplique la ley y se destierre de una vez por todas las cantinas escolares que están violando la ley y la distancia.
