Puntos y Contrapuntos

Criterios

En Jalisco son ominosos los signos que se observan en el horizonte de la Cuarta Transformación del país anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahora que el super coordinador de delegaciones en la entidad, Carlos Lomelí Bolaños, reclutó al polémico y cuestionado exauditor superior del estado, Alonso Godoy Pelayo, para que colabore con Morena en tarea de la entrega recepción administrativa de las dependencias federales en la entidad.

El combate a la corrupción, principal premisa de López Obrador queda cubierta con un oscuro velo de dudas y desconfianza, ante la presencia de un exfuncionario que se retiró de la vida pública de Jalisco en medio de una tempestad de reclamos, señalamiento y desprestigio.

Godoy Pelayo fue electo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) el viernes 30 de julio del 2004 y ratificado para un periodo más de siete años el miércoles 2 de diciembre del 2009. Duró 12 años al frente de la ASEJ, desde julio de 2004 hasta diciembre de 2016.

El jueves 15 de diciembre del 2016, María Teresa Arellano Padilla tomó posesión como encargada de despacho en la ASEJ, en sustitución del cuestionado y controvertido Godoy Pelayo. El jueves 14 de diciembre del 2017 el Congreso del estado designó nuevo titular de la Auditoría Superior de Jalisco a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.

El pasado 20 de julio del 2017 el periódico Mural publicó que “ya no es funcionario, pero el exauditor superior del estado, Alonso Godoy, seguirá cobrando muy bien, incluso más que el gobernador Aristóteles Sandoval, al recibir 191 mil 481 pesos al mes contra los 166 mil 195 del Mandatario”.

La nota agregaba: “Tras ser señalado de limpiar cuentas y de presuntas anomalías en el manejo financiero de la Auditoría, a Godoy desde el 1 de julio el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) le asignó esa pensión, luego de cumplir 30 años de trabajo”.

Pendientes

El 20 de septiembre del 2011, el entonces secretario general del Congreso de Jalisco, José Manuel Correa Ceseña, presentó denuncia penal contra quien o quienes resultaran responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos presumiblemente indebidos hechos a Godoy Pelayo, por 10.7 millones de pesos entre el 2007 y el 2009, y por el extravío, robo y distracción de archivos y documentos propiedad del Congreso estatal, referidos al mismo caso.

Un profundo y prolongado silencio ha prevalecido con respecto a este caso en el que tendrían que haber sido investigados quienes integraron la Junta de Coordinación Política de la 57 Legislatura (2004-2007): Salvador Cosío Gaona, entonces del PRD; Enrique García Hernández, del PRI; José María Martínez Martínez y Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, del PAN; así como Luis Alejandro Rodríguez, del Partido Verde, quienes promovieron el acuerdo que dio origen a los pagos presumiblemente irregulares hechos al auditor.

También estarían en el mismo supuesto la exdiputada local panista Ana Elia Paredes Árciga, quien presidía entonces la Comisión de Administración.

Esos pagos habrían tenido el visto bueno de quienes integraron la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura (2007-2010), que ratificó el acuerdo para el pago a Godoy Pelayo: Jorge Alberto Salinas Osornio, del PAN; Juan Carlos Castellanos Casillas, del PRI; Samuel Romero Valle, del PRD; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; Luis Manuel Vélez Fregoso, del Partido Verde, y Juan Óscar Díaz Medina, de Nueva Alianza.

Desde luego, tendrían que haberse investigado las implicaciones que tuvo en este caso el entonces presidente de la Comisión de Administración en la 58 Legislatura, el priista Jorge Arana Arana, quien nuevamente fue diputado local de 2015 a 2018 y miembro de la Comisión de Vigilancia que supuestamente fiscalizaría la labor de Godoy Pelayo.

Junto con Arana Arana tendrían que haber sido investigados quienes le acompañaron en la Comisión de Administración de la 58 Legislatura (2007-2010) y ratificaron el acuerdo que benefició a Godoy Pelayo: la priista Norma Angélica Aguirre Varela; así como Romero Valle, del PRD; Vélez Fregoso, del Partido Verde; Zárate Mendoza, del PT y Lorenzo Moccia Sandoval, de Nueva Alianza.

Como puede observarse, hubo gravísimas omisiones, negligencia, presumibles complicidades, de la procuraduría que durante el gobierno del panista Emilio González Márquez encabezó Tomás Coronado Olmos y de los cuatro fiscales que colaboraron en la administración de Sandoval Díaz: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Raúl Sánchez Jiménez y Maricela Gómez Cobos.

También quedaron en el limbo las investigaciones y explicaciones sobre el origen y destino de los más de 318 millones de pesos que Godoy Pelayo habría utilizado para construir el moderno edificio que alberga a la ASEJ.

Al respecto, el 4 de junio del 2016 el periódico Milenio publicó: “El terreno donde fue construido el nuevo edificio de la ASEJ se adquirió en 2010 con un costo de 69.5 millones de pesos, meses después de que la empresa que lo vendió lo había adquirido en 39 millones de pesos”.

La nota agregaba: “Ese espacio se encontraba en litigio y tenía un embargo que fue levantado por un juez. El costo final del nuevo edificio fue de 318 millones de pesos, entre cuestionamientos sobre el origen de los recursos para su construcción”. Los trabajadores de la ASEJ se mudaron a ese edificio el 26 de mayo de 2014.

Ceguera crónica

El Gobernador panista Emilio González Márquez terminó su Administración de seis años el jueves 28 de febrero del 2013.

Entre 2014 y 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico contable auxiliar de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, responsable de fiscalizar el gasto público federal, presentó 23 denuncias penales contra la Administración de González Márquez, ante la Procuraduría General de la República, por presumibles delitos que habrían causado quebranto a las arcas públicas.

La ASF presentó 21 denuncias por irregularidades en la cuenta pública del 2012 de Jalisco, en diversas fechas del 2014, además de dos denuncias penales formuladas en el 2015 sobre las cuentas públicas del Gobierno de Emilio de los años 2009 y 2010.

A estas denuncias habría que sumar otras 12 presentadas entre 2014 y 2015 por la Contraloría de Jalisco, encabezada entonces por Juan José Bañuelos Guardado (estuvo a cargo desde el viernes 1 de marzo del 2013 hasta el miércoles 27 de abril del 2016), atribuidas a irregularidades encontradas en la cuenta pública del gobierno de González Márquez correspondiente sólo al año 2012.

En total la administración del panista González Márquez (2007-2013) sumó 35 denuncias penales entre los ámbitos federal y estatal.

Todo esto derivado de que el martes 17 de septiembre del 2013 Mural publicó que al revisar el gasto ejercido por el Gobierno estatal entre 2007 y 2011, la ASF determinó que la administración de González Márquez debía haber reintegrado a las arcas públicas más de 8 mil 200 millones de pesos que se gastaron de forma irregular.

En tanto que el lunes 18 de noviembre del 2013 Bañuelos Guardado informó que se habían documentado en la Administración del panista González Márquez irregularidades que podrían significar daño patrimonial a Jalisco por 7 mil 573 millones de pesos.

Estas observaciones de la ASF y de la Contraloría de Jalisco, contrastaron con los dictámenes emitidos por la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Alonso Godoy Pelayo, que determinó que las cuentas del gasto público ejercicio por el gobierno estatal que encabezó el panista González Márquez, por lo que corresponde al 2009 y 2010, salieran rechinando de limpias.

Generosidad

Un caso de muy extraña generosidad vinculó en 2009 a Godoy Pelayo y a la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones que por ley deberían ser fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado.

El miércoles 25 de marzo del 2009 Mural publicó una información que señalaba que Alonso Godoy Pelayo, titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico contable de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, había anunciado un día antes que ahora sí, por primera vez, los manejos administrativos de la Universidad de Guadalajara iban a ser profesionalmente revisados para saber cómo gastó el dinero que le confiaron los contribuyentes en el año 2008.

Por primera vez en 84 años, desde su restauración como institución pública de educación superior en 1925, se anunciaba formalmente que la UdeG iba a ser sometida a una estricta auditoria por un órgano oficial en Jalisco.

Explicó Godoy Pelayo que estaba contemplado revisar algunas dependencias como el Auditorio Telmex, la Feria Internacional del Libro y la escuela de idiomas Proulex, consideradas feudos privilegiados del jefe político y cacique que desde hace 30 años controla con mano férrea a la UdeG, el exrector (1989-1995) Raúl Padilla López.

Agregó que también se auditarían dos centros universitarios: el de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) y el de Lagos de Moreno.

El jueves 22 de octubre del 2009 el mismo periódico publicó una información que advertía que la Universidad de Guadalajara había comprado un terreno en Autlán de Navarro que era propiedad del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo y de su familia, en una operación sumamente dudosa, con elevadísimas utilidades para el vendedor y en la cual se podrían presumir graves irregularidades.

La referida compraventa fue notificada al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Autlán, el martes 24 de marzo del 2009, el mismo día en que Godoy Pelayo anunciaba en Guadalajara, con toda formalidad, su decidida y severísima intención de auditar a la UdeG, para entonces convertida ya en su muy generoso comprador.

Basado en documentales públicas, Mural comprobó que el predio rústico “Las Anonas”, de 6.3 hectáreas, fue pagado por la casa de estudios en 28 millones de pesos, cuando su valor catastral era de apenas 344 mil 499 pesos, es decir, cada hectárea valía a precios de entonces 54 mil 682 pesos, según información proporcionada por la Unidad de Transparencia e Información Pública del Municipio de Autlán. Sin embargo, la UdeG pagó 4.4 millones de pesos por hectárea.

Un valuador de bienes raíces consultado por el periódico calculó que cada hectárea de ese predio tendría un precio comercial de entre 20 mil a 200 mil pesos. Por lo tanto, lo máximo que podría costar sería 1 millón 260 mil pesos.

La UdeG pretendía construir en ese terreno un nuevo módulo del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), del cual en aquellos años era rector Enrique Javier Solórzano Carrillo.

La presumible supremacía moral de Morena y de López Obrador queda comprometida cuando el coordinador de delegaciones federales, Carlos Lomelí Bolaños, lleva a las filas de la nueva administración federal, aun cuando sólo sea en calidad de asesor, a un sujeto de muy cuestionables antecedentes. Sí, en ocasiones el cambio también es retroceso y en algunos espacios, las cosas siempre pueden resultar peores que en los tiempos oscuros e infames que parecían ya superados.