Viernes 06 de enero de 2023.- El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero Fausto, denuncia la prevalencia de un juicio amañado por el ministerio público y por el juez Felipe de Jesús Rivera, para dictar prisión preventiva contra tres estudiantes, líderes de Resistencia Hunetitán, acusados de provocar daños en propiedad privada y de entrar armados a un predio donde se construye un desarrollo inmobiliario en Huentitán.
Juan Carlos Guerrero Fausto señala al juez Felipe de Jesús Rivera de observar un claro conflicto de intereses para atender un proceso de orden penal, armado desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), en donde se detecta un marcado interés político del alfarismo para encarcelar a Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, quienes protestaron por el daño al patrimonio de la ciudad, según describe:
“Fue un proceso amañado, basado en mentiras, con fabricación de delitos y fuera de la ley, en el que el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran”, según declaró Guerrero Fausto con relación a la audiencia efectuada el jueves en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1 en materia penal y asegura:
“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como este; se presentaron cuatro agentes del Misterio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo (ayer) haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos”, dijo.
En un comunicado difundido por la casa de estudios el funcionario aclara que la parte acusadora presentó testigos, todos ellos trabajadores de la empresa constructora quienes afirmaron que los estudiantes había entrado al predio donde se construye el complejo habitacional “de noche, en bola y con armas de fuego”, lo que dio pie para que, a petición del ministerio público, el juez determinara prisión preventiva oficiosa para Javier Armenta Araiza, Iván Cisneros González y Alexis Rojas, obligándolos a dormir en las instalaciones del Penal de Puente Grande hasta el próximo martes.
“Negamos categóricamente que llevaran armas, las únicas armas que llevaban son las de la resistencia, las armas de la dignidad y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa, los están tratando como delincuentes”, según Guerrero Fausto.
El juez que atiende el caso el mismo que determinó la orden de desalojo del parque de Huentitán, el 19 de agosto del 2021.
Se trata de un funcionario judicial que es esposo de la síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, y una figura clave en la administración que encabeza el alcalde emecista, Pablo Lemus Navarro, María Cristina Estrada Domínguez.
A decir de Guerrero Fausto, esa funcionaria de Guadalajara tuvo participación jurídica en las sesiones de cabildo en la que se aprobaron los compromisos jurídicos que el ayuntamiento contrajo con el grupo de empresarios que se apropiaron de un parque público.
