Puntos y Contrapuntos
Criterios
La fortaleza de un sistema de medios de comunicación independiente, fuerte, libre, honrado, valiente, comprometido en la búsqueda de la verdad y en la defensa y preservación de valores esenciales que nutran a la sociedad, es un ingrediente fundamental para la buena salud de la democracia y de la República.
Sin embargo, en nuestro país esa función se distorsiona profundamente cuando un amplio segmento de medios de comunicación impresos, televisivos, radiofónicos y, en años recientes, en plataforma digitales, establecen complicidades y relaciones vergonzosas con los poderes públicos, prácticas que se lubrican con jugosas pautas publicitarias que se pagan con dinero de los contribuyentes.
Los gobiernos están obligados a informar a la sociedad las razones por las cuales toman decisiones importantes o trascendentes que afectan a la gente, tanto en el manejo de los recursos que les son confiados como por la relevancia de los proyectos o programas que impulsan; sobre reformas a leyes y reglamentos que los ciudadanos deben conocer para acatar o impugnar; o sobre hechos naturales o provocados que pudieran afectarle y sobre los cuales tendrían que tomarse medidas preventivas.
Habría muchas otras razones por las cuales los gobiernos –federal, estatales, municipales y otras entidades públicas– tendrían que informar a la gente, a través de los medios de comunicación convencionales o digitales.
El pasado domingo 16 de diciembre Grupo Reforma publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía aumentar en un 53 por ciento el gasto en comunicación social y publicidad del gobierno federal para 2019, en comparación con lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2018.
Estimó Grupo Reforma que, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –que tiene la facultad exclusiva de analizar, modificar y aprobar los gastos del gobierno–, la partida 3600 destinada a comunicación social pasaría de 2 mil 338 millones a 3 mil 579 millones de pesos, es decir, mil 240 millones más.
Sin embargo, el pasado martes 18 de diciembre del 2018, la organización no gubernamental Artículo 19 realizó su propio análisis de la proyección del gasto de comunicación social del gobierno federal para 2019 y calculó un presupuesto de 4 mil 258 millones de pesos, un aumento del 30 por ciento sobre los egresos autorizados para 2018, que estimó en 3 mil 278 millones de pesos.
La censura
¿Por qué es tan importante saber en qué, cómo, de qué manera y con qué criterios el gobierno gasta el dinero de los contribuyentes en comunicación social? ¿Por qué razones un amplio segmento de medios de comunicación es omiso en abordar el análisis de este tema que involucra complicidades, corruptelas y despilfarro del dinero público?
La organización independiente Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y del derecho a la información, presentó el pasado martes 20 de marzo de 2018 su informe denominado “Democracia Simulada. Nada que Aplaudir”.
Explica Artículo 19 que “hay derechos fundamentales y universales para la humanidad en los que los periodistas desempeñan un papel central: el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad”.
Señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto –que concluyó el pasado viernes 30 de noviembre del 2018– hizo todo lo posible por obstaculizar el ejercicio de estos derechos y que sus políticas de medios tuvieron una clara intención de censura.
“Hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información. Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza; la violencia extrema es un nuevo ingrediente”, argumenta.
“El cómo se hará callar al periodista –agrega– depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”.
Según cifras actualizadas por Artículo 19, hasta el pasado viernes 26 de octubre de 2018, durante el gobierno de Peña Nieto (2013-2018) habían sido asesinados 47 periodistas y cuatro estaban desaparecidos.
En los últimos doce años, durante los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) y del priista Peña Nieto (2012-2018) no hubo cambios y el mal se enraizó.
La publicidad oficial “se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”, señala el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2012, presentado el martes 1 de abril del 2013 por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, promotoras de las buenas prácticas de gobierno y defensoras de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Demoledor es el dato que proporcionó el sábado 26 de septiembre del 2015 Antonio Martínez Velázquez, vocero internacional de la organización Artículo 19, en el cierre de la Semana de Innovación y Emprendimiento organizada por el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla: “En México, el 60 por ciento de los recursos económicos que obtienen los medios de comunicación provienen de publicidad oficial. Es decir, las cantidades descomunales que gastan los gobiernos para dar a conocer sus logros a la sociedad. Esta situación favorece la censura indirecta e impacta sobre la libertad de expresión del país”.
Comparativo
En 2001, su primer año de gobierno, el panista Vicente Fox Quesada gastó 3,736 millones de pesos en comunicación social.
En su primer calendario como presidente de la República, en 2007, Calderón Hinojosa gastó 5,624 millones de pesos en comunicación social.
En su primer año de gestión, Peña Nieto sumó gastos por 7,119 millones de pesos en comunicación social. (Todos los datos anteriores son del informe de Fundar del 20 de marzo del 2018).
La estimación de Grupo Reforma es que el gobierno de López Obrador pretende gastar 3,579 millones de pesos durante el primer año de su sexenio. Artículo 19 calcula que serán 4,258 millones de pesos. Sin importar cuál sea el monto que finalmente gaste el gobierno de López Obrador en el próximo calendario, lo presupuestado es mucho menor a lo que dispusieron Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
Despilfarro
En los primeros cinco años la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le autorizó al gobierno de Peña Nieto 24,797 millones de pesos para comunicación social. Tuvo un sobregiro de 77 por ciento y gastó 44,059 millones de pesos, según refiere Grupo Reforma en nota publicada el jueves 22 de febrero del 2018, en la que cita como fuentes a la organización Fundar y a la Secretaría de Gobernación.
En 2013 le autorizaron a Peña Nieto, para comunicación social, 5 mil 481 millones de pesos y gastó 8 mil 154 millones de pesos; en 2014 le autorizaron 5 mil 526 millones de pesos y gastó 7 mil 461 millones; en 2015 le autorizaron 5 mil 510 millones de pesos y gastó 9 mil 946 millones; en 2016 le autorizaron 4 mil 580 millones y gastó 10 mil 698 millones; en 2017 le autorizaron 3 mil 700 millones y gastó 7 mil 800 millones. Hasta el momento no está cuantificado el gasto de 2018, que según Artículo 19 tendrían un techo máximo de 3 mil 278 millones de pesos.
En su informe del pasado martes 20 de marzo de 2018 Artículo 19 calcula que entre 2013 y 2017 el gobierno de Peña Nieto habría gastado 40 mil 597 millones de pesos en comunicación social. Serían 7 mil 119 millones de pesos en 2013; 6 mil 820 millones de pesos en 2014; 9 mil 321 millones de pesos en 2015; 10 mil 357 millones de pesos en 2016 y 6 mil 979 millones de pesos en 2017, aunque esta última cifra es preliminar.
Durante los seis años de su gobierno, entre 2006 y 2012, Calderón Hinojosa habría gastado 38 mil 947 millones de pesos en comunicación social, según publicó Grupo Reforma el miércoles 22 de noviembre del 2017, aludiendo como fuente la información proporcionada por el PRD en el Senado de la República.
Consentidos
La organización Artículo 19 advierte que 20 medios de comunicación fueron beneficiados con el 55.96 por ciento del dinero que el gobierno de Peña Nieto gastó entre 2013 y 2017. El restante 44.04 por ciento se repartió entre otros 3 mil 108 medios de comunicación.
En la lista de esos 20 medios de comunicación aparece algunos muy conocidos. En primer lugar Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos de pauta publicitaria; en el lugar 2 está Estudios Azteca, con 3 mil 939 millones de pesos; en el lugar 5 está Grupo Fórmula, con 1 mil 45 millones de pesos; en el lugar 6 El Universal, con 1 mil 7 millones de pesos; en la posición 7 Excélsior, con 815 millones de pesos; en la novena ubicación, Organización Editorial Mexicana, con 802 millones de pesos; Grupo Radiorama aparece en la posición 15, con 453 millones de pesos; La Jornada está en el lugar 17 con 370 millones de pesos; Imagen Televisión es lugar 19 con 332 millones de pesos y en el lugar 20 queda Canal 40 con 326 millones de pesos.
Si el gobierno de López Obrador mantiene la disciplina presupuestal y gasta sólo lo que le autorice el Congreso en el Presupuesto de Egresos, o si disminuye ese gasto ajustándose a un severo programa de austeridad, muchos medios de comunicación y algunos poderosos corporativos que aglutinan medios impresos, radio, televisión y plataforma digitales, empezarán a tener graves problemas y hasta podrían quebrar y desaparecer.
Lo que no debe permitirse es que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, utilice dinero de los contribuyentes para promoverse, para comprar voluntades o para lubricar complicidades y corruptelas con medios de comunicación ineficientes, que no son capaces de generar ingresos legítimos que les permitan ser sustentables, basados en la calidad y profesionalismo de sus servicios informativos, en la fidelidad de sus lectores o audiencias y en la confianza de sus anunciantes o patrocinadores.
Las complicidades entre medios de comunicación y gobiernos, lubricadas con pautas publicitarias discrecionales, determinadas por intereses políticos y privados, que lucran en forma privilegiada y ventajosa con el dinero de los contribuyentes, también son una forma de corrupción que debe combatirse.
