Guadalajara, Jalisco.- El Grupo Tendencia Democrática Universitaria, formado en el seno de la Universidad de Guadalajara (UdeG), denunció el trasfondo de la disputa que la máxima casa de estudios sostiene con el Ejecutivo que encabeza Enrique Alfaro Ramírez es difícil de dilucidar, toda vez que el recorte por 140 millones de pesos representa una ínfima parte del grueso presupuestal.
A través de un posicionamiento, el grupo, en voz del urbanista Román Munguía Huato, reveló que entre académicos de la UdeG existe “preocupación” por la actual pugna entre ambas partes, “manifestándose en un conflicto de intereses económicos y políticos muy ajenos a cuestiones estrictamente académicas o relativas a la autonomía universitaria, y también ajenas a una política gubernamental democratizadora de la entidad jalisciense”.
“El gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el rector general Ricardo Villanueva Lomelí se han enfrascado en un escándalo de una confrontación que poco o nada tiene que ver por la superación universitaria, pues la disputa presupuestal por 140 millones de pesos representa más bien un forcejeo de fuerzas políticas cuyo trasfondo es difícil de dilucidar toda vez que una u otra fuerza ponen como pretexto una cantidad relativamente poco significativa del total del presupuesto universitario y también poco significativa del gasto social en salud pública”, espetó la agrupación.
Reconoció también que, en la forma, ambos bandos tienen la razón al pugnar por la necesidad de construir tanto como un hospital ─el Civil de Oriente─ como un museo. No obstante, alertó, el conflicto es más de fondo.
“El Museo de Ciencias Ambientales se sitúa en un Centro Cultural Universitario que poco tiene de cultural y mucho de negocio inmobiliario, pues es inadmisible que dentro de este macroproyecto se incluyan edificios residenciales de lujo, locales comerciales y otros espacios nada culturales pero si muy rentables a los intereses económicos del actual grupo que detenta el poder de la UdeG desde hace más de 30 años”, expuso.
Finalmente, llamó a elevar los recursos para la UdeG, que se ha visto “mermado en los últimos cinco años y que, por tanto, es necesario incrementarlo…, pero dicho incremento debe destinarse a las tareas sustantivas universitarias tales como la docencia, la investigación y la difusión de la cultura”.
“La UdeG no ha respondido cabalmente a los intereses educacionales de la mayoría ciudadana jalisciense; sigue habiendo decenas de miles de jóvenes estudiantes aspirantes a ingresar a esta institución derivado de una política neoliberal de una perversa exclusión social que atenta directamente contra los preceptos constitucionales de la educación pública”.
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