Redacción
Lunes 12 de octubre.- El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) documentó la detención de 49 personas durante la megamarcha por agua limpia realizada en Guadalajara, en un operativo policial marcado por denuncias de tortura física, psicológica y sexual.
El organismo defensor de derechos humanos advirtió, además, que se configuró el delito de desaparición forzada, debido a que durante varias horas se desconoció el paradero de los manifestantes, al ser trasladados a distintas agencias del Ministerio Público, razón por la cual las cifras del centro no coinciden con las 39 aprehensiones que reporta la Fiscalía.
Denisse Montiel, codirectora del CEPAD, informó que durante la madrugada posterior a la protesta fueron liberadas 12 personas, dos hombres y diez mujeres, la mayoría con lesiones visibles, mientras que 37 permanecen bajo custodia de las autoridades.
Sobre estas últimas, denunció que se ha mantenido un esquema de incomunicación, al negarles el acceso a la representación jurídica mediante abogados particulares, y que hasta el momento no se han dado a conocer formalmente los cargos que se les imputan.
Asimismo, la organización aclaró que la evidencia recabada demuestra que quienes iniciaron los actos de violencia contra los elementos policiales no formaban parte del contingente de la protesta.
De acuerdo con los testimonios y las grabaciones en video analizados por el organismo, múltiples personas detenidas se encontraban pacíficamente al frente de la marcha, sin cometer falta alguna, cuando fueron jaladas y arrastradas por el personal de seguridad pública por encima de las vallas de protección para introducirlas a Casa Jalisco.
Finalmente, el CEPAD alertó que, aunque 12 de los manifestantes ya recuperaron la libertad, continúan enfrentando procesos penales bajo imputaciones que van desde lesiones hasta resistencia a la autoridad.
La codirectora del centro advirtió que estas causas judiciales podrían prolongarse hasta por dos años, lo que, a juicio del organismo, evidencia un uso del sistema penal como estrategia deliberada para amedrentar a la sociedad e inhibir la protesta social.
