Jueves 20 de noviembre.- El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) manifestó su profunda preocupación por la actuación de autoridades estatales durante y después de la manifestación realizada el 15 de noviembre en Guadalajara, al señalar que se registraron graves violaciones a derechos humanos y que la respuesta gubernamental replicó patrones históricos de represión en Jalisco.
De acuerdo con la organización, a partir de testimonios, material audiovisual y registros periodísticos, se documentaron detenciones arbitrarias y violentas efectuadas por policías uniformados y elementos vestidos de civil, quienes incluso habrían detenido a personas que no participaban en la protesta. Los detenidos, señala el organismo, fueron víctimas de agresiones físicas que podrían constituir tortura o tratos crueles.
El CEPAD señaló además que varias detenciones no fueron registradas oportunamente en el Registro Nacional de Detenciones, lo que podría configurar desapariciones forzadas de corta duración.
La organización expresó especial preocupación por la actuación del juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz, quien el 18 de noviembre calificó como legales detenciones que, según el CEPAD, fueron violentas y presentaron múltiples irregularidades. Recordaron que el juzgador ha sido señalado anteriormente en recomendaciones por omisiones en casos de tortura y detenciones arbitrarias.
El comunicado también denunció que familiares de los detenidos fueron impedidos de ingresar a la audiencia y de establecer comunicación con sus seres queridos, mientras que solo dos defensores de oficio atendieron a 39 personas, lo que consideran una violación al debido proceso.
El organismo criticó además las declaraciones del Secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad y del gobernador Pablo Lemus Navarro, a quienes acusó de estigmatizar a las personas detenidas y vulnerar su presunción de inocencia, contribuyendo —afirmaron— a una condena mediática anticipada y legitimando la violencia estatal.
Sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el CEPAD cuestionó que no haya emitido un posicionamiento firme ante los señalamientos, e incluso que inicialmente avalara el actuar policial.
La organización advirtió que estos hechos se inscriben en un patrón histórico de represión en el estado, con antecedentes como los operativos del 28 de mayo de 2004 y los de junio de 2020.
Entre sus exigencias, el CEPAD pidió que la audiencia de vinculación a proceso del 20 de noviembre se realice con apego a derecho, que se determine la no vinculación y liberación inmediata de quienes considera fueron detenidos arbitrariamente, y que se garantice el debido proceso.
