CFE y la iniciativa de reforma a la industria eléctrica

El lunes de esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Lo que se busca con el nuevo marco legal, según el documento referido, son varias cosas: dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); que la Comisión deje de subsidiar a la iniciativa privada que participa en el mercado eléctrico; que el gobierno pueda revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores privados y garantice que los permisos se encuentren sujetos a los criterios de planeación emitidos por la Secretaría de Energía.

Asimismo, se busca establecer los límites a la generación de electricidad privada creando condiciones para la dominancia del mercado de la CFE, el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía sería primero la energía de las hidroeléctricas de la Comisión, enseguida la generada por otras plantas de la compañía, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE), los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como la solar. Con ello, estaríamos frente a un cambio cualitativa en las condiciones bajo las cuales producen energía eléctrica las compañías privadas.

Inmediatamente, la iniciativa privada respondió que la propuesta es una expropiación indirecta que resultará en un mayor costo fiscal y afectará a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas, y se crearían condiciones monopólicas a favor de CFE lo que ocasionaría decenas de amparos para evitarlo.

Lo que se encuentra en el fondo de la iniciativa de López Obrador es cambiar el esquema bajo el cual se encuentra la CFE desde el sexenio de Carlos Salinas, mediante el cual sufrió un abandono deliberado con el propósito de quebrarla y ceder el negocio energético a la iniciativa privada.

Las cifras muestran la reducción de la presencia de CFE en la generación de energía, al pasar en tres décadas de generar 100 por ciento de la energía que consumíamos en el país a producir 54 por ciento. Además, durante esos años la Comisión asumió los costos de integrar a los generadores privados a la red eléctrica, entregándoles la infraestructura construida para ese fin sin que hubiesen pagado por ella; con lo cual el cargo al erario fue de 50 mil millones de dólares, que ascenderán a 200 mil millones en los próximos 25 años debido a la amortización de intereses.

Sin duda, esta es la principal razón que encuentra el gobierno de la 4T para reformar la ley. Por otro lado, no debemos olvidar que la administración lopezobradorista entra al último periodo legislativo para poder realizar las reformas que considera esenciales para su proyecto de nación antes de las elecciones intermedias. Luego de la cita electoral, aunque las encuestas marcan como favoritos a la mayoría de los candidatos de Morena al Congreso y las gubernaturas, nada es seguro. Nada está echado sobre la mesa, y en ese sentido, responde la urgencia de López Obrador de que su iniciativa de ley sea preferente, por lo cual los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado, será turnado al Senado, que deberá procesarla también en 31 días.

Sin duda, no podemos negar que ambas aristas tienen elementos de realidad. Por un lado, el sistemático abandono al que se ha sometido a la CFE que la ha convertido en una empresa cara, vieja y oxidada; por el otro lado, el subsidio a los productores privados se ha vuelto una pesada carga para la sociedad y las finanzas públicas. Y desde luego, resulta imposible no apostarle a otro tipo de energías.

Seguramente, del Congreso no saldrá intacta la iniciativa que envío el presidente de la República, pues los legisladores incluirán varias de las propuestas presentadas por el gobierno y la iniciativa privada. Ojalá que el nuevo marco legal beneficie a todos los inmiscuidos en la generación de energía y, desde luego, a la población en general.

 

@contodoytriques

 

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