Colectivos de personas autistas, con discapacidad y familiares cuidadores exigieron transparencia y una verdadera participación ciudadana en la discusión de la iniciativa de Ley de Autismo para el Estado de Jalisco, impulsada por diputadas de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.
A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones Cuidadoras en Resistencia y Tapatías Discas manifestaron su inconformidad con la manera en que se ha desarrollado el proceso legislativo encabezado por las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas.
Las organizaciones señalaron que desde febrero entregaron observaciones técnicas y jurídicas sobre la propuesta de ley, advirtiendo deficiencias relacionadas con derechos humanos, diseño institucional y mecanismos de garantía para las personas autistas en Jalisco.
Sin embargo, denunciaron que durante más de tres meses no se concretó una mesa formal de trabajo para discutir sus planteamientos y acusaron que el proceso avanzó hacia una posible votación sin atender de fondo las observaciones realizadas.
Los colectivos también criticaron que recientemente se realizaran reuniones privadas y selectivas con algunos grupos y activistas sin una convocatoria abierta ni condiciones equitativas de participación, situación que —aseguran— genera división entre organizaciones y simulación de diálogo.
En el posicionamiento, rechazaron además versiones públicas que los señalan como opositores a la creación de una Ley de Autismo. Aclararon que respaldan la necesidad de una legislación especializada, pero insistieron en que ésta debe construirse bajo un enfoque integral de derechos humanos y no desde una visión asistencialista.
Entre las principales preocupaciones expresadas destacan la concentración de responsabilidades en el sistema DIF, la falta de obligaciones claras para todas las dependencias estatales y la ausencia de mecanismos efectivos de participación de personas autistas en las decisiones públicas.
Los colectivos recordaron que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece la obligación de garantizar consultas reales y participación efectiva de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas públicas y leyes que impacten sus vidas.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y exigieron que la legislación sea construida de manera democrática, transparente y armonizada con estándares internacionales de derechos humanos.
