10 de septiembre de 2022.- Las reformas legales que aprobó el Senado donde pasan la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), resultan preocupantes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En este sentido, este paquete de modificaciones aprobadas mantiene la tendencia observada frente al preocupante fenómeno de la militarización de la seguridad ciudadana en México”, así lo señala a través de un comunicado en su página Web.
“La CIDH reconoce el reto que enfrenta México frente a la grave situación de violencia que afecta al país desde hace varios años. Aproximadamente 100 mil personas desaparecidas, 15.400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 personas periodistas asesinadas durante el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año, según información pública. En este sentido, preocupa que la justificación para estas modificaciones enfatiza centralmente que solo una estructura como la de la SEDENA”.
El organismo manifestó que, “ante este hecho, urge al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos frente a la militarización de la seguridad ciudadana”.
La CIDH –dice- ha dado seguimiento a la Guardia Nacional desde su creación, y considera que “toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados. Esta finalidad, en esencia, es diferente al propósito de las fuerzas armadas que corresponde a la defensa de la soberanía nacional y cuyo entrenamiento está dirigido a derrotar al enemigo”.
“De conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles”.
Opinó que, su regulación transitoria y posterior (de la Guardia Nacional), “ha consolidado la creación de un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil”, por lo que “mantiene la tendencia observada frente al preocupante fenómeno de la militarización de la seguridad ciudadana en México”.
“Dicha tendencia ha sido advertida por la Comisión también frente a la aprobación de normativa que disponía que las fuerzas armadas asumirían, por un periodo de cinco años, la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para coadyuvar con las autoridades civiles, quienes son responsables en materia de seguridad pública. La norma aprobada no solo mantiene este objeto, sino que espera ‘facilitar’ este intercambio de funciones de modo institucionalizado, sin un horizonte temporal claro. El Estado indicó que el plazo de cinco años no ha sido objeto de modificaciones”.
Dice que desde su visita in loco realizada en 2015, la CIDH analizó la militarización de las tareas de la seguridad pública, su función en el recrudecimiento de la violencia y su relación con los altos niveles de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Finalmente, frente al sistema de responsabilidad y la reserva del fuero militar para el personal militar asignado a la Guardia Nacional que atente contra la jerarquía y la autoridad castrenses, la CIDH llama al Estado mexicano a que asegure la excepcionalidad de la jurisdicción militar”.
(Foto principal: MIRMéxico)