Por: Eduardo Esquivel Torres
El reciente anuncio sobre la construcción de tres plantas de tratamiento para sanear el Río Santiago es una medida incompleta, basada en ocurrencias y que opera fuera de la legalidad; así lo denunció Raúl Muñoz, coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, quien afirmó que el proyecto es un discurso mediático que no resuelve de fondo la crisis ambiental que padece la región.
Para la organización civil, la obra resulta insignificante frente a la magnitud del problema ambiental heredado por décadas de inacción institucional.
Las tres plantas proyectadas apenas cubrirán el 30% de la contaminación total de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico; además, el plan deja fuera a la cuenca de El Ahogado, considerada la zona de mayor impacto residencial e industrial.
Localidades metropolitanas como San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan y El Salto, dijo, continúan descargando aguas residuales sin control, mientras que cientos de empresas asentadas en la zona operan sin la obligación real de tratar sus desechos químicos ni metales pesados.
Muñoz Delgadillo acusó que las autoridades avisan a las industrias antes de realizar inspecciones y calificó las estaciones de monitoreo actuales como “simples floreros”.
El activista alertó que delegar la operación de estas plantas a la Comisión Estatal del Agua vulnera directamente el marco legal vigente, lo que pone en riesgo la obligatoriedad y continuidad del proyecto. Sustentó su postura al señalar que el artículo 115 constitucional establece que el tratamiento de aguas residuales domésticas es facultad y obligación estricta de los municipios, no del estado.
“Los alcaldes metropolitanos celebran la medida porque les quita una obligación legal, trasladando el costo y la operación al gobierno estatal de forma irregular”, agregó.
El coordinador exigió al Poder Legislativo realizar una reforma constitucional urgente para evitar que el proyecto quede en la ilegalidad o pueda ser ignorado por los ayuntamientos al no ser vinculante.
Concluyó que, mientras no se frene el cambio indiscriminado de uso de suelo para fines industriales en municipios como El Salto y no se obligue a las empresas a sanear sus descargas, cualquier anuncio estatal será únicamente una simulación orientada a obtener validación ciudadana sin generar resultados reales.
