Carla Miranda Chiguindo, Resistencia Anfibia
Hay conversaciones que empiezan alrededor de una mesa y terminan tendiendo puentes entre personas que parecían estar distantes. Este fin de semana, integrantes de la sociedad civil acambarense, agrupados en el Colectivo Resistencia Anfibia y la Red de Colectivos y Asociaciones en Defensa de la Presa Solís, viajaron desde el sureste de Guanajuato para encontrarse con habitantes de León y compartir algo que representa mucho más que un alimento: el tradicional Pan de Acámbaro.
No fue un gesto menor. Compartir el pan fue también compartir historia, territorio, preocupaciones y una mirada distinta sobre el proyecto Acueducto Solís–León. Más que un encuentro entre regiones, fue un intento por construir vínculos entre personas que durante mucho tiempo han sido (malamente) colocadas en extremos opuestos de una misma discusión.
La conversación tuvo un mensaje claro: nadie cuestiona el derecho de León a tener agua. El problema es preguntarnos si el camino propuesto es realmente una solución sostenible para el futuro.
Desde el sureste de Guanajuato existe una preocupación profunda sobre las consecuencias que podría generar el Acueducto Solís–León. Aunque sus efectos inmediatos recaerían directamente sobre municipios como Acámbaro y la región sureste del estado, la realidad es que el impacto no terminaría ahí. La Presa Solís forma parte de un sistema mucho más amplio: la cuenca Lerma-Santiago.
Las cuencas funcionan como organismos vivos: lo que ocurre en un punto inevitablemente repercute en otros. Alterar el destino del agua en la Presa Solís puede generar consecuencias sobre los ecosistemas, la agricultura, los acuíferos y las dinámicas hídricas regionales a lo largo de toda la cuenca. Y el efecto podría extenderse incluso hasta la región de Chapala, cuya vida y equilibrio dependen directamente de este cauce.
Además, existe una pregunta que no puede ignorarse: ¿qué tan sostenible es una solución basada en trasladar agua a largo plazo cuando las sequías son cada vez más frecuentes y el cambio climático modifica los patrones hídricos que durante décadas parecían previsibles?
Pensar únicamente en la disponibilidad actual del agua puede convertirse en una apuesta riesgosa. Nadie puede garantizar que la Presa Solís tendrá siempre suficiente capacidad para responder a futuras presiones climáticas y demográficas. Por eso muchas voces consideramos que el Acueducto Solís–León no resuelve el problema de fondo. Puede representar una respuesta inmediata, pero difícilmente una estrategia duradera.
Además, ya conocemos este relato. El conflicto en torno a la Presa El Zapotillo mostró durante años cómo grandes obras hidráulicas concebidas para resolver problemas de abastecimiento detonan conflictos sociales, incertidumbre, costos crecientes, entre otros. Porque solo centran su atención en el capital económico y el capital político que se genera alrededor de ellas. Más allá de las diferencias entre proyectos, hay una lección importante: las soluciones que no incorporan de manera amplia las voces de las comunidades ni una visión integral del territorio suelen enfrentar dificultades profundas y prolongadas.
También hay otra dimensión que suele quedar fuera de la conversación: el costo. La inversión para este proyecto no es únicamente estatal; involucra recursos federales y estatales. En otras palabras, será financiada por todas y todos los guanajuatenses, y también por todas y todos los mexicanos durante muchos años.
Precisamente por ello surge una exigencia legítima: si la inversión será colectiva, también deberían serlo la discusión y la visión de futuro.
León merece agua. Acámbaro merece agua. El sureste merece agua. Todo Guanajuato merece agua. Pero también merece gobiernos capaces de mirar más allá de las soluciones inmediatas y de construir proyectos que representen una verdadera inversión de largo plazo: alternativas sostenibles, con responsabilidad ambiental y con beneficios compartidos.
Al final del encuentro quedó una certeza sencilla pero poderosa: las personas de León y las del sureste no son adversarias. Comparten el mismo territorio, el mismo futuro y una misma preocupación por el agua.
Porque el agua, igual que el pan compartido, debe unir territorios y no dividirlos.
Carla Miranda Chiguindo es acambarense e integrante del Colectivo Resistencia Anfibia y del Observatorio Acambarense de Derechos Humanos. Su interés por el territorio y por la forma en que las personas construyen y habitan sus espacios la ha llevado a combinar el trabajo académico con la participación ciudadana. Es Politóloga, Maestra en Derechos Humanos y Democracia y Doctora en Urbanismo. Entre la docencia, la investigación y el activismo, ha acompañado iniciativas relacionadas con la movilidad, el medio ambiente y la defensa de comunidades y espacios más justos y sostenibles, en Guanajuato y el Estado de México.
