Puntos y Contrapuntos

Criterios

Al principio, cuando los escrúpulos parecen ciertos y cuando todavía pretenden dejar de manifiesto el respeto que aseguran tener por la dignidad del cargo que se comprometieron a honrar, a los políticos les cuesta un poco de trabajo torcer la ley.

Después, en la medida en que las decisiones polémicas o contrarias a la legalidad se ajustan a los deseos o intereses de los poderosos circunstanciales ─disimuladas mediante eufemismos y artilugios jurídicos─, se vuelven hábitos, algunos muy perniciosos, que fácilmente se enraízan en los frágiles códigos éticos de muchos presuntos servidores públicos. Es irónico pero real, que cuando más predican los imperativos éticos de la legalidad, parecieran estar más empecinados en violarla.

Primero fue en Guadalajara, donde los reglamentos convirtieron el territorio de la Perla de Occidente en el paraíso del fariseísmo inmobiliario. Ahora la tendencia de profundizar la agresión al medio ambiente se traslada a Zapopan y no dude usted que en poco tiempo sea una calamidad que tengan que padecer los habitantes de toda la entidad.

Legalizar lo irregular se convirtió en una norma para el gobierno emecista de Guadalajara, que encabezó Enrique Alfaro Ramírez de 2015 a 2018, quien pronto olvidó su prédica de la legalidad como imperativo ético de su administración, para darle una generosa salida a los empresarios inmobiliarios que, sin mayor recato y mucha voracidad, violaban las normas urbanas.

El 8 de abril del 2017 el periódico Mural publicó que la regulación de edificios “chuecos” a cambio de una compensación iba en aumento en Guadalajara.

De abril del 2016 a abril del 2017, al amparo del Reglamento de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas, habían sido legalizadas 38 construcciones ilícitas, que generaron al ayuntamiento tapatío un ingreso de 62 millones 890 mil 707 pesos por concepto de indemnización, aunque estos proyectos hayan redundado en perjuicio de sus vecinos.

En contraste, en la Ciudad de México, la secretaria de gobierno de la administración capitalina, Patricia Mercado Castro, anunció el 30 de junio del 2017 la demolición de pisos irregulares en 11 delegaciones: 32 obras con un total de 66 pisos excedentes.

Meyer Klip, titular del Instituto de Verificación Administrativa (IVEA), señaló que, además de pagar la demolición a través de un crédito fiscal que sería cobrado por la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, cada uno de los infractores recibiría una multa de 110 mil pesos.

El 7 de julio del 2017, Mercado Castro reiteró que el gobierno de la Ciudad de México tenía en la mira a por lo menos 100 edificios en los que violaron la ley, al construirse más pisos que los permitidos por la normatividad vigente, que tendrían que ser demolidos.

Mientras eso sucedía en la Ciudad de México, el contraste con Guadalajara era muy significativo: el 10 de julio del 2017 Mural publicó que un edificio de oficinas en Colomos Providencia, que se construyó con una altura de 5 pisos en una zona en la que sólo se permitían 2, sería regularizado. Los desarrolladores del edificio de La Rioja 2914, del cual era copropietario Mauro Garza Marín, entonces presidente de Coparmex Jalisco, resarcirían metro por metro lo que construyeron fuera de norma, aseguró la entonces coordinadora de Gestión Integral del municipio, Martha Patricia Martínez Barba.

Concluye Mural que “el dirigente empresarial admitió que ingresó su caso al esquema de Compensación, Indemnización y Mitigación de Guadalajara, que ha venido regularizando torres chuecas desde que Enrique Alfaro Ramírez ingresó a la Alcaldía”.

TERRENO PANTANOSO

El viernes 18 de noviembre del 2009 el periódico Mural publicó que El Bajío del Arenal, donde entonces se construía la Villa Panamericana para los juegos continentales que se realizarían en la zona metropolitana de Guadalajara, del viernes 14 al domingo 30 de octubre del 2011, era uno de los más importantes polígonos de infiltración de agua de lluvia para el acuífero de Los Colomos, según conclusiones del estudio “Zonas de Infiltración de la Subcuenca Hidrológica del Arroyo Atemajac”, realizado en el 2008 por investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En enero del 2010, tanto el Parlamento de Colonias como la organización Conciencia Cívica, que se oponían a la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío del Arenal, advirtieron que el Plan de Centro de Población ZPN-9 establecía que esa zona era considerada un Área de Transición, Protección a Cauces y Cuerpos de Agua y como Área de Protección de Acuíferos.

Al mismo tiempo, señalaban que esa zona estaba reservada para usos de suelo de Espacios Verdes, Granjas y Huertos, con una densidad máxima de 10 habitantes por hectárea, en tanto que, de construirse la Villa Panamericana, la densidad sería de 940 habitantes por hectárea.

Al respecto, citaban las fracciones VI y XII del artículo 17 del vigente Reglamento Estatal de Zonificación, que advertía que las áreas de transición estaban sujetas a usos restringidos y que sólo se permitían construcciones con baja intensidad de uso del suelo, porque eran esenciales para la conservación del acuífero y el mejoramiento de los mantos freáticos.

La fracción VI del artículo 17 del vigente Reglamento Estatal de Zonificación advertía textual: “Áreas de transición: las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas y las áreas rurales o naturales protegidas (…) estas áreas están sujetas a usos restringidos y sólo se permitirán aquellas instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo (…) La acción urbanística y edificaciones que se pretendan realizar en las áreas de transición, requerirán de la elaboración de su Plan Parcial de Urbanización y sus respectivos estudios de impacto ambiental, en el cual se demuestre que la ejecución de las obras materiales no cambiarán la índole de dichas áreas”.

El inciso “C” de la referida fracción XII del artículo 17 del entonces vigente Reglamento Estatal de Zonificación señalaba textual: “Área general de protección al acuífero: las áreas que comprenden la extensión general del acuífero para los efectos de captación del agua pluvial para la recarga del mismo, por lo que se prohíbe cualquier tipo de urbanización o edificación que no cuenten con sus desagües o drenajes con la debida canalización; así mismo, se prohíben los usos del suelo que generen una alta densidad o concentración de población”.

El lunes 7 de junio del 2010, José de Jesús Becerra Soto, entonces delegado en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dijo que los desarrolladores de la Villa Panamericana en El Bajío del Arenal mintieron o modificaron el proyecto original, pues no estaban autorizados trabajos dentro del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, y clausuró parcialmente la obra.

ESTADO DE DERECHO

En una carta abierta, dirigida al presidente de la República Enrique Peña Nieto, publicada en Mural el jueves 26 de febrero del 2015, el empresario Francisco Cornejo Reynoso se quejó del abandono en el que se encontraba la Villa Panamericana 2011 ─en la cual su empresa Corey Integra invirtió 355 millones de pesos─, porque no se había autorizado que el inmueble fuera comercializado y habitado.

Cornejo Reynoso tenía mucha razón en exigir al Presidente de la República la prevalencia del Estado de Derecho. En estricto apego a la ley, al haber sido construida en condiciones irregulares, no habría margen para la discrecionalidad y los arreglos sospechosos: la Villa Panamericana tendría que haber sido demolida.

Sin embargo, en su reclamo el señor Cornejo Reynoso no asumía que la Villa Panamericana 2011 fue construida en forma irregular entre el 2009 y 2011, y que por tal razón no podía comercializarse, pues desde marzo del 2011 se aplicaban disposiciones del Tribunal de lo Administrativo (TAE) que prohíben la venta de sus 650 departamentos.

La historia documentada en medios de comunicación ilustra que el martes 22 de diciembre del 2009, en forma subrepticia, a espaldas de todo mundo, cuando faltaban tan sólo nueve días para concluir su periodo de Gobierno, el entonces Alcalde panista de Zapopan, Juan Sánchez Aldana Ramírez, otorgó permisos para la construcción de la Villa.

El miércoles 30 de diciembre del 2009, apenas 24 horas antes de terminar su gestión, Sánchez Aldana Ramírez admitió que había otorgado las licencias.

Los permisos fueron autorizados violando varias normas sobre densidad habitacional y sobre la protección de esa zona de recarga de mantos freáticos. El Bajío del Arenal es uno de los más importantes polígonos de infiltración de agua de lluvia para el acuífero de Los Colomos.

El miércoles 28 de abril del 2011 el magistrado presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TAE, Armando García Estrada, cuestionó jurídicamente la decisión de Sánchez Aldana Ramírez y ordenó la suspensión de las obras, hasta que se analizaran y resolvieran presumibles irregularidades en los dictámenes de Trazos, Usos y Destinos Específicos y en la licencia de urbanización de la Villa Panamericana.

Un juez federal dejó sin efecto la decisión del TAE al conceder Amparo a los constructores para que continuaran las obras. Desde un principio se informó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) invirtió en la Villa Panamericana 340 millones de pesos y la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE) 400 millones más.

Hasta el miércoles 15 de agosto del 2018, reseñó el periódico El Occidental de Guadalajara, estaban vigentes cinco juicios de amparo y suspensiones definitivas, tanto penales como en el Tribunal de lo Administrativo, por abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos y daño medioambiental, explicó el abogado Carlos Aldana Ortiz, en su papel de coordinador jurídico del Parlamento de Colonias, quien señaló que mientras los asuntos legales no se resolvieran, nadie podría disponer de la Villa Panamericana 2011.

CONTRASTES

Este lunes 26 de agosto del 2019 el periódico El Diario NTR publicó en su portada: “La Villa Panamericana ya tiene un destino: será usada para vivienda. El actual gobierno del estado alcanzó un acuerdo para su venta con la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos. El contrato se firmará el 30 de agosto”.

La nota, firmada por la reportera Sonia Serrano explica: “De esta forma se desechan los proyectos anteriores que se han presentado para darle un uso de menor impacto ambiental, tomando en cuenta su cercanía con el bosque La Primavera. Para eludir las acciones legales que motivaron una suspensión, la empresa que comprará la Villa le anexará un terreno, con lo que se alcanzarán los metros cuadrados que se requieren para cubrir la densidad de vivienda”.

Se presume que el IPEJAL recibiría 495 millones de pesos, mientras que el instituto de vivienda del estado sería recompensado con mil 5 millones de pesos.

Este lunes 26 de agosto del 2019 el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, declaró a Mural: “Lo que dejo muy claro es: no va haber permisos en las Villas Panamericanas para vivienda ni para ninguna otra cosa hasta que no se resuelva la situación jurídica, las acciones de mitigación y un decreto para la protección de la zona del Bajío”.

Lemus Navarro exige que se realicen obras de mitigación de daños al medio ambiente, como pozos de absorción de agua y medidas de protección al bosque La Primavera, cuyo costo sería de aproximadamente 200 millones de pesos. Aclara que desconoce quién se haría cargo de esas obras tras la venta del edificio.

Igualmente aseguró que  promoverá un decreto de protección ambiental que se emita desde el Congreso del Estado, para evitar que en la zona se construyan fraccionamientos, edificios y centros comerciales.

Las declaraciones de Lemus Navarro contrastan con las del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, difundidas también este lunes 26 de agosto del 2019 por el periódico El Informador, en las que justificó su apoyo a la venta del inmueble: “Las Villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del Estado. A mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada (…) tenemos que entender que estos proyectos que se hicieron con dinero público tienen que tener una salida”.

Lo que no explicó el mandatario estatal es cómo se sancionará a los funcionarios públicos que, pasando por encima de leyes y reglamentos autorizaron la construcción de la Villa Panamericana 2011 y a los directivos de Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) que tomaron la decisión de invertir en un negocio que desde un principio estuvo marcado por la ilegalidad.

Luego de estar dos años al frente de la Fiscalía General de Jalisco, hasta el viernes 30 de noviembre del 2017, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez dejó abierta una investigación con respecto a los directivos del Iprovipe, que realizaron una riesgosa y presumiblemente ilegal inversión, estimada en 587 millones de pesos, en la construcción de la Villa Panamericana 2011.

Lo que el gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013) y el mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) no se atrevieron a hacer, violentar la ley y pasar por encima de las normas para comercializar la Villa Panamericana 2011, sí pretende realizarlo el emecista Alfaro Ramírez.

Quienes alguna vez pensaron que en Jalisco ya se había tocado fondo, sufrirán el desencanto de comprobar que en política y en los asuntos públicos, las cosas siempre pueden ponerse peor, y que la gente nunca termina de conocer el fondo verdadero del alma de algunos políticos.