Esta columna forma parte de una serie en dos entregas sobre el regreso de la Comisión Nacional del Agua a la construcción de grandes presas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. En esta primera parte se revisa el contexto político, presupuestal y los antecedentes del macroproyecto de infraestructura hídrica. La segunda parte abordará las implicaciones sociales, territoriales y ambientales.
Julio César Ramírez | Yo río libre
El 3 de febrero, con el propósito de apuntalar el Plan México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que tendrá una inversión que ascenderá de forma acumulada hacia 2030 a 5.6 billones de pesos de participación mixta, pública y privada. 2.83% para el sector Agua.
Casi un año antes, el 12 de marzo de 2025, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, presentó el Macroproyecto de Infraestructura Hídrica: 17 obras que incluyen la construcción del sistema de presas Hermosillo-Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas sobre los ríos Sonora y San Miguel en Sonora; la continuidad de la presa Milpillas sobre el río Atenco en Zacatecas; retomar la presa Paso Ancho —ahora Margarita Maza— sobre el río Sola en Oaxaca; la presa Las Escobas sobre el río del mismo nombre en San Luis Potosí; la presa El Novillo en Baja California Sur; la presa El Tunal II sobre el río Tunal en Durango; y el acueducto Presa Solís-León en Guanajuato, entre otros proyectos considerados estratégicos y municipales, parte del Plan Nacional Hídrico, con una inversión de 122 mil 600 millones de pesos de 2025 a 2030.
Ocasionó este macroproyecto de nuevas presas inquietud, alarma y brotes de resistencia en diversos pueblos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones de territorios de potencial afectación, con la queja reiterada: falta de información oficial y de consulta previa, libre e informada.
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, suspendió la construcción de nuevas presas, con la excepción de El Zapotillo en Jalisco y Santa María en Sinaloa. Anunció tal decisión el 8 de diciembre de 2018, en sus primeros días de mandato, y la sostuvo a lo largo de su sexenio. En el trayecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de su gobierno publicó en su página web el 14 de marzo de 2020, Día de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, un argumento determinante:
“En México, la política ambiental de la 4T no permitirá la construcción de nuevas presas por considerarlas obsoletas y destructivas”.
De esto hablamos con amplitud aquí el pasado 3 de enero.
¿Cómo empezó a tomar forma el macroproyecto de infraestructura hídrica en el “segundo piso” de la 4T?
El 1 de octubre de 2024, primer día de la administración de la presidenta Sheinbaum, se comenzó a elaborar un diagnóstico para identificar obras de agua, drenaje, saneamiento y de prevención.
Se hizo un levantamiento de 2 mil 478 municipios que tiene el país y en marzo de 2025 se tenía un avance de mil 302 diagnósticos.
Con apoyo de la Secretaría de Bienestar se trabajó además en la elaboración de los lineamientos para establecer que el 30 por ciento de los recursos se destinaran a inversiones de agua.
De ahí vino el diseño de los 17 proyectos de infraestructura hídrica que incluyen la construcción de nuevas presas.
Así, el 12 de marzo de 2025 el gobierno de Sheinbaum, a través de la Conagua, presentó un macroproyecto muy ambicioso de obras estratégicas y otras municipales que conjuntan presupuesto federal, estatal y municipal.
