Por: Eduardo Esquivel Torres
Miércoles 24 de junio de 2026. -El Congreso de Jalisco admitió formalmente que el dictamen elaborado por sus bancadas no cumple con los alcances exigidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.
Ante esto, el Pleno aprobó de última hora solicitar una prórroga y una audiencia al Máximo Tribunal del país para evitar caer en desacato.
La decisión se tomó de forma urgente durante una sesión plenaria extraordinaria. El Poder Legislativo local tenía encima un plazo improrrogable de cinco días hábiles impuesto por la SCJN para informar qué acciones legales y legislativas se habían implementado para acatar la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022.
El acuerdo aprobado por los legisladores jaliscienses funciona como respuesta formal a la presión de la Suprema Corte. En el documento se reconoce que las visiones de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso local no lograron consolidar una reforma que atienda plenamente la resolución judicial, por lo que justificaron la necesidad de ganar tiempo para avanzar en una nueva propuesta.
Como parte de la estrategia para destrabar la legislación, el Congreso del Estado instruyó a su Secretaría General a gestionar reuniones directas con los ministros de la SCJN.
El objetivo explícito de la audiencia solicitada es aclarar con precisión cuáles son los actos y procedimientos exactos que la Corte exige para dar por cumplida la sentencia en la entidad.
En la misma jornada, el Poder Legislativo concretó la designación de los nuevos integrantes ciudadanos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.
El Pleno eligió y tomó protesta de ley a María del Socorro Pina Montiel como Consejera Ciudadana Propietaria.
Asimismo, se nombró a Blanca Estela Gutiérrez Viera, Quetzalli Cisneros Segura, Fouad Lakhdar y Rodolfo Bañuelos Zamora para cubrir los cuatro puestos de suplentes disponibles, quienes ejercerán este encargo público durante un periodo oficial de cuatro años.
