Elemental

Criterios

Lo que empieza a generar señales de debilidad en el enfoque y en el acercamiento para ser abordado por Enrique Alfaro, es el proyecto de saneamiento del río Santiago, que paso a paso se convierte en un flanco para el golpeteo de adversarios y la inconformidad de la población.

Empeñado en vender  una propuesta distinta a la que han solicitado los ambientalistas, se expone el gobierno a las dudas y a las críticas sobre proyectos vinculados a negocios irregulares. Es una propuesta arriesgada anteponer gasto presupuestal a otras alternativas, que deben involucrar a los otros actores que participan del grave problema.

Segmentos y líderes sociales han  insistido de años en que la solución es fortalecer la normatividad ambiental, para obligar a la industria contaminadora a resolver el problema creado con la tolerancia de los gobiernos. Visto así, el tema es de orden federal, porque una de las acciones que se requieren es la modificación de la Norma Oficial, para hacer más estrictas las relajadas obligaciones de los contaminadores.

El agua ha sido un argumento de uso histórico para justificar enorme gasto de recursos, pretexto al que han acudido invariablemente todos los gobiernos, que por lo general va emparejado con deuda pública. Los procesos de aprobación y ejercicio presupuestal pasan por desgastantes tensiones a que acompaña la resistencia social a gastos sin suficiente transparencia y que se asocian a resultados ineficientes del propósito, además de actos de corrupción.

En este caso representa una inversión en obras de construcción y de adquisiciones de maquinaria e insumos. El otro punto que genera controversia y molestia es el abuso de las industrias que por obtener mayor rendimiento en sus economías, hacen caso omiso del grave daño que generan y que lo hacen a costa del medio ambiente y la salud de los habitantes, mostrando un patético egoísmo.

Sus políticas  de reducción de costos son invariablemente con cargo a los recursos naturales y al medio ambiente. Operan además con total impunidad a partir de una Norma Oficial laxa que  regula supuestamente los contaminantes y los contaminadores, así como de la tolerancia e indiferencia de los gobiernos de los distintos niveles.

El ejemplo más aberrante es el entorno de Chapala y el río Santiago, lugares en los que los habitantes sufren de enfermedades tóxicas graves, que invariablemente conducen a la muerte, como efecto final de daños renales y de distinto tipo de toxicidad en el organismo humano.

Utilizando un lenguaje enérgico y una actitud decidida, muestran los funcionarios una falsa preocupación cuando se refieren al problema de las aguas, especialmente del río Santiago, se escandalizan de los daños ambientales y se rasgan las vestiduras ante el problema  con acentuado énfasis teatral. Sin embargo no hacen propuestas de prevención, tampoco enfrentan el problema de raíz, el origen de la contaminación. No logran entender que han perdido la credibilidad que un gobierno necesita para administrar.

Es recurrente que los funcionarios en turno traten de engañar a la población, con soluciones que solo derivan el problema, en tanto  se visten y promueven a nombre de los recursos naturales y la salud. En nuestro caso una vez más se habla de obtener créditos para el equipo de tratamiento de las aguas contaminadas.

En la más reciente manifestación gubernamental, o sea en el actual gobierno los funcionarios se han enfrentado a la resistencia de los habitantes afectados y las organizaciones ambientalistas. La exigencia es muy clara, que se obligue a las empresas contaminantes a limpiar sus aguas. Esa decisión y acción le corresponde al gobierno federal, que por lo demás ha participado en la simulación y la protección de los contaminadores y que debe determinar los  indicadores a que debe sujetarse la industria, para regresar las aguas a sus causes originales.

Sin embargo por una razón que parece extraña, si es que no conociéramos las tendencias de quienes administran, el gobierno del Estado insiste en adquirir un préstamo para tratar las aguas industriales residuales. La sociedad se mantiene resistente porque precisamente quienes pretenden resolver el problema con tratamiento de recursos públicos, no supieron o no quisieron resolver la grave contaminación de el oasis de Tlajomulco, llamado Lago de Cajititlán.

Antes bien en lugar de completar el sistema de tratamiento de aguas residuales que desembocaban en el lago, permitieron la creación de edificios departamentales para habitación popular en el entorno, lo que agravó el problema con el desfogue de las aguas negras, precisamente al mismo manantial. Destruyeron así el lago al convertirlo en la práctica en degradante fosa séptica, quienes dirigieron el municipio con el membrete de Movimiento Ciudadano, con sus cómplices, los desarrolladores inmobiliarios.

El gobierno municipal no sólo no resolvió el grave problema de contaminación que existía, sino que lo agravó al no atender la prevención del tratamiento de aguas negras que generarían los desarrollos en el entorno del lago, así la joya de Tlajomulco, se convirtió en lápida y víctima de los negocios de funcionarios y empresarios inmobiliarios sin escrúpulos. El problema lo heredan de una administración a otra sucesivamente y antes de resolverse, se agrava, ante el disimulo y la indiferencia de quienes están obligados a enfrentarlo.

Ahora se pretende repetir la conocida fórmula de endeudar el Estado para resolver un problema creado por las industrias particulares, con cargo a los ciudadanos. Lo que para los habitantes es una burla que irrita es saber de antemano que utilizan su tragedia para hacer negocios de las aguas contaminadas, que no les interesa sanear el río, tampoco la administración pública, sino obtener ingresos personales de manera irregular. Se pretende engañar el sentido común, todo ello sin remordimiento alguno.