Por Raúl de la Cruz
Guadalajara, Jalisco.- La justicia federal declaró como prófugo de la justicia a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de Santos Laguna y Atlas, por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener al empresario.
Karla Cecilia Marín, asistente de Constancias y Registros del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, lo declaró prófugo de la justicia, debido a que el pasado 24 de marzo el empresario no se presentó a una audiencia. Enseguida, se giró la orden de captura.
El directivo santista originalmente compareció el 20 de marzo por videoconferencia, pero en esa audiencia el juez de control decidió que la diligencia se realizaría en forma presencial y citó al empresario para el día 24.
“Se hace constar que a la audiencia señalada para las 10:00 horas, no compareció el imputado… a pesar de que fue debidamente citado. Es importante señalar que el investigado presentó un escrito con el que pretendió justificar su inasistencia; sin embargo, los motivos expuestos no se consideraron razones válidas para desatender el mandato judicial de presentarse oportunamente a la audiencia inicial”, dice el acuerdo suscrito por Marín.
“Por esa razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró al imputado sustraído a la acción de la justicia, al haber desatendido una citación judicial sin causa justificada”.
Según la norma vigente, la defraudación fiscal no es un delito que amerite prisión preventiva en automático, en caso de que la persona sea vinculada a proceso.
Sin embargo, la FGR suele pedir la prisión preventiva justificada en este tipo de delitos cuando el acusado no comparece ante la autoridad judicial y se sustrae de la justicia fuera del país, porque estima que esos antecedentes configuran el riesgo de darse a la fuga.
El presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas, fue señalado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de incurrir en supuestos engaños para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores, de enero a julio de 2017.
La acusación contra Irarragorri tiene su origen en un pago de 54.2 millones de pesos que el Club Santos hizo desde un fideicomiso a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico por primas indemnizatorias de riesgo de trabajo.
Los pagos fueron a miembros del cuerpo técnico como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
En los corredores de la federación se menciona que son más de mil doscientos millones de pesos que adeuda. Y si le rascan… ¿cómo se puede entender que un simple empleado de la Corona de la noche a la mañana se convierta en multimillonario?
