Guadalajara, Jalisco.-El pasado 13 de marzo de 2020, el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, presentó una demanda civil -expediente 204/2020- por daño moral que ascendería a 1 millón de dólares, en contra del contralor ciudadano independiente, Jorge Carlos Ruiz. 

El representante legal de la empresa, Jesús Ortega Martínez, aseguró que el contralor ciudadano -en rueda de prensa del pasado 4 de febrero de 2020- acusó a GAP por contravenir la Ley de Compras Gubernamentales, al recibir adjudicaciones directas por más de 234 millones de pesos y ser sancionada por supuestas ventas a sobreprecio.

En la demanda por daño moral impuesta contra Ruiz se menciona que sus afirmaciones son falsas, y en consecuencia éstas generan “rechazo y desprestigio en honor y buena reputación” de la empresa ante autoridades públicas y la iniciativa privada.

Además, “pudiera afectar en lo futuro a mi representada para no ser invitada a participar en convocatorias públicas” para otorgar sus servicios. 

Como pruebas, Ortega Martínez aportó una certificación de hechos sobre un video que se subió a Facebook con la declaración del contralor ciudadano, así como una nota que se publicó en el portal de mural.com, y en el mismo periódico. 

Otra de sus pruebas es un memorándum del 15 de julio de 2019, que firmó el director general de Regiones Sanitarias del OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ), Emmanuel Hernández Vázquez, en que asevera que GAP, cumplió “satisfactoriamente con el servicio integral de Banco de Sangre” para sus unidades.  

También, entregó un oficio con fecha de 2 de diciembre de 2019, que emitió el director de área de Responsabilidades y de lo Contencioso, Francisco Javier Islas Godoy de la Contraloría, en el cual esta última dependencia aprobó un convenio entre la empresa GAP y el OPD SSJ, “en que se da fin a las controversias existentes entre las partes” y que no existe un “procedimiento de recisión administrativo vigente”. 

Con dichos documentos, aseveró el denunciante, se comprueba que la compañía no fue sancionada, ni se le retiraron los contratos.  

Por su parte, Jorge Ruiz refirió que la información que dio a conocer en la rueda de prensa la obtuvo mediante una solicitud de transparencia que le entregó la autoridad “y cuento con esos documentos”. 

Recordó que en el gobierno del estado le entregaron una lista de adjudicaciones directas que asciende a más de mil 500 millones de pesos, y en ella venía el nombre de GAP.  

Apuntó que aún no le han notificado que existe una demanda por daño moral en su contra, “y no tengo ninguna preocupación porque todo lo que hablamos en la Contraloría Ciudadana Independiente es directamente con la información que nos da la misma herramienta de transparencia”.  

El contralor, a quien se le vincula con Morena Jalisco -participa en ruedas de prensa junto con el líder de dicho partido, Hugo Rodríguez-, también sería denunciado por Jesús Ortega por “usurpación de la profesión de abogado”. 

En un documento que se entregaría a la Fiscalía se menciona en notas informativas que Jorge Ruiz es abogado, cuando en la Dirección de Profesiones del estado de Jalisco y en el Registro Nacional de Profesiones no aparece registrada ninguna cédula.  

Jorge Ruiz aseveró que nunca ha firmado como abogado, soy “pasante de la carrera de derecho”.

Estima que las querellas solo son para presionarlo por su labor contra la corrupción, y “que están perdiendo el tiempo”.