FRANCISCO JIMÉNEZ REYNOSO

Recientemente se publico por parte de “Impunidad Cero”, el índice estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 en México. En este estudio se evalúa  a cada entidad federativa de México con diversos indicadores, que arrojan como resultado en que sitio se encuentra cada estado comparado con los demás.

Los indicadores que se analizan son: 1. Ministerios públicos que hay por cada 100 mil habitantes. 2. Presupuesto per cápita de cada fiscalía. 3. Transformación digital. 4. Carga de trabajo por cada ministerio público. 5. Tiempo de espera con el ministerio público. 6. Indicadores de resultados. 7. Confianza en las fiscalías estatales y el ministerio público. 8. Efectividad en la resolución de casos. 9. Probabilidad de esclarecimiento del delito. 10. Efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. 11. Impunidad en homicidios dolosos.

En base a estos resultados podemos comprender por que en Jalisco los ciudadanos no denuncian “casi en su totalidad” los delitos que se cometen en su contra…

En primer lugar a Jalisco le faltan cientos de agentes del ministerio público para poder desempeñar adecuadamente sus funciones como marca la ley. El presupuesto que se asigna a la fiscalía del Estado de Jalisco resulta insuficiente, lo cual hace ineficiente e inoperante a la institución.

En Jalisco solo consigue justicia el 1.11 por ciento de las víctimas “que denuncian”, ya que la gran mayoría prefiere no perder su tiempo en presentar una denuncia donde Además de perder su tiempo se exponen a ser: maltratados, revictimizados o sujetos de represalias.

Las consecuencias de esta alarmante y creciente impunidad, son el disparo de casos de justicia por propia mano (prohibidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), pero propiciada por instituciones ineficientes, corruptas y perversas (ya que manipúlala la información y estadísticas a su conveniencia) este tipo de habilidades las han desarrollado perfectamente. Cada día es más común ver linchamientos (actos de barbarie) contra delincuentes debido a la impunidad generada sistemáticamente por todas las instituciones de Jalisco relacionadas con la “seguridad y procuración de justicia”.

La procuración de justicia es el cuello de botella del combate a la impunidad en nuestra entidad. Es evidente que la fiscalía en Jalisco se encuentra rebasada, con poco gasto en procuración de justicia, poco personal con elevadas cargas de trabajo, que hace que el personal que labora en la fiscalía del estado trabaje en condiciones inhumanas. Y claro que estas condiciones en las que labora el personal en la Fiscalía del estado de Jalisco, llevan a tener una baja efectividad en la resolución de los casos que deberían de atender, lo que como consecuencia genera la histórica impunidad con la que malamente ya nos hemos acostumbrado a vivir en Jalisco.

Lo anterior se agrava si consideramos que más del 90 por ciento de los delitos cometidos en Jalisco no se denuncia siquiera, por lo anterior, ni siquiera se abre una carpeta de investigación y por ello el gobierno de Jalisco hace cuentas alegres… ya que solo una pequeña porción de delitos cometidos llega al conocimiento de las autoridades  y como consecuencia de lo anterior en Jalisco el esclarecimiento de los delitos no llega ni a un 1 por ciento.

Aunado a lo anterior, se suma el abuso de autoridad y prepotencia por personal de la fiscalía del Estado de Jalisco, con las respectivas recomendaciones emitidas por la corte interamericana de los derechos humanos, así como de la recomendación de la Comisión nacional de derechos humanos por los delitos de desaparición forzada.

Por si fuera poco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Ha emitido medidas cautelares en contra del gobierno de Alfaro, en virtud de agresiones sistemáticas que ha ejercido en contra de periodistas. Lo cual sin duda alguna es un gobierno peligroso, para quienes ejercemos la noble labor del periodismo. Una vez más, solicitamos el apoyo de autoridades federales e internacionales como la misma ONU, para que vigile de cerca a quien ocupa en este momento el poder ejecutivo y su “gobierno” en el estado de Jalisco.

La recomendación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación que emitió la CEDHJ, por las desapariciones forzadas en Jalisco en relación con el caso Giovanni, y las medidas cautelares contra Alfaro, por agresiones contra periodistas. Evidencian el abuso de autoridad, la arbitrariedad y prepotencia que caracteriza a este gobierno…

– Doctor en Derecho. Integrante de Observatorio de Seguridad y Justicia. Benemérita Universidad de Guadalajara. “Piensa y Trabaja”.