Guadalajara, Jalisco.-A seis meses del inicio del gobierno de Pablo Lemus en Jalisco, los indicadores forenses muestran que el rezago en la identificación de cuerpos continúa sin cambios significativos, a pesar de una reducción en la violencia letal y en la complejidad del trabajo pericial. Así lo documenta el análisis elaborado por Jorge Ramírez Plasencia, doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara.
Según la información recabada por Ramírez Plasencia, durante el primer semestre de la actual administración se registraron 374 nuevas personas fallecidas sin identificar (PFSI), lo que elevó el total visible en el micrositio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a 5,023. De acuerdo con cifras citadas por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el acumulado histórico alcanza los 11,159 casos.
Disminuyen los homicidios, pero no el rezago
El análisis destaca que el aumento de cuerpos sin identificar ocurre incluso cuando han disminuido los factores que en años anteriores alimentaban esta crisis. Entre ellos, la baja en homicidios dolosos, que pasaron de un promedio mensual de 168.1 en 2019 a 119.3 en lo que va de 2025; una tendencia a la baja en la localización de víctimas en fosas clandestinas —de 45.3 víctimas mensuales en 2020 a 21.4 entre enero y mayo de este año—, y la casi desaparición del ingreso de restos fragmentados.
De los 374 PFSI registrados en este periodo, solo uno correspondió a un torso, mientras que entre los más de 4,600 casos previos hubo al menos 531 registros con esta característica, lo que representa una carga técnica significativamente más compleja para el personal forense.
Identificaciones estancadas desde 2021
Pese a la aparente mejora en las condiciones para avanzar en la identificación, los datos recalcan que el número anual de víctimas identificadas no supera los 150 casos desde 2021. Esta cifra se ha mantenido constante incluso cuando el presupuesto del IJCF creció de 164.6 millones de pesos en 2019 a más de 500 millones en 2025.
El investigador advierte que este estancamiento se traduce en una “crisis forense” cuya prolongación genera dudas razonables sobre su carácter: “Lejos de tratarse de un colapso temporal, la falta de identificación parece haberse normalizado como forma de operación del Estado en este rubro”, señala.
Una crisis administrada
La persistencia del rezago, sumada a la reducción de ingresos complejos y al aumento presupuestal, sugiere —según el análisis— que esta crisis podría estar siendo gestionada de forma deliberada. Para Ramírez Plasencia, el hecho de que el gobierno estatal mantenga límites estructurales para la identificación de víctimas exhumadas, aun cuando las condiciones operativas son más favorables que en años previos, refuerza esta hipótesis.
Incluso, considera que la acumulación sostenida de personas fallecidas sin identificar podría resultar funcional para una institucionalidad que no ha mostrado voluntad efectiva para revertir esta situación.
