La reciente filtración de imágenes íntimas de la senadora chilena Camila Flores ha
generado una reacción poco frecuente en tiempos de polarización política: una
condena transversal de prácticamente todo el espectro político chileno. El caso no
sólo abrió un debate sobre privacidad y violencia digital, sino que volvió a colocar
en el centro una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la tecnología se
convierte en una herramienta de vigilancia y control sobre la vida de las mujeres?
Los hechos conocidos hasta ahora son graves. La legisladora denunció la difusión
de fotografías y videos de carácter íntimo que, según las investigaciones
preliminares, habrían sido obtenidos mediante cámaras de seguridad instaladas
en la vivienda que compartía con su exesposo, el exdiputado chileno Percy Marín.
La Fiscalía chilena inició una investigación y ordenó diligencias para determinar
cómo fueron captadas, almacenadas y posteriormente difundidas las imágenes.
Diversos medios han informado que la policía realizó allanamientos y otras
actuaciones para esclarecer responsabilidades. La difusión del material se produjo
en redes sociales y plataformas digitales, multiplicando el daño a la privacidad y la
dignidad de la senadora.
Sin embargo, más allá de las particularidades judiciales, el caso revela una
problemática que trasciende a Chile. La violencia digital contra las mujeres se ha
convertido en una de las expresiones más sofisticadas de las desigualdades de
género. Ya no se limita al insulto o al acoso en redes sociales. Incluye la vigilancia
tecnológica, la obtención indebida de imágenes privadas, la difusión no consentida
de contenido íntimo, las campañas de desprestigio y la utilización de herramientas
digitales para controlar, castigar o silenciar.
Lo relevante es que esta vez la respuesta política fue distinta. Legisladoras
feministas de izquierda, representantes de partidos conservadores, autoridades
gubernamentales y dirigentes de oposición coincidieron en un punto esencial:
ninguna diferencia ideológica puede justificar la vulneración de los derechos
fundamentales de una mujer. La condena no se dirigió a una postura política ni a
una agenda partidaria, sino a un acto que constituye una forma de violencia
basada en género.
Y ahí reside la principal lección democrática. Los derechos humanos no son
selectivos. No protegemos la intimidad de una mujer porque estemos de acuerdo
con sus ideas. La protegemos porque es un derecho. Si comenzamos a relativizar
las violencias dependiendo de quién las sufre, terminamos debilitando los
principios que sostienen la convivencia democrática.
Las feministas latinoamericanas y caribeñas, llevamos décadas denunciando que
la violencia contra las mujeres adopta nuevas formas conforme cambian las
tecnologías. Lo que antes ocurría en espacios privados hoy puede difundirse
instantáneamente ante millones de personas. El daño ya no se limita a un círculo
cercano; se amplifica, se reproduce y permanece en internet durante años.
Por ello resulta tan importante el avance de marcos normativos que reconocen la
violencia digital como una violación de derechos humanos. El trabajo desarrollado
por el MESECVI y la reciente Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Digital
contra las Mujeres han insistido en que la difusión no consentida de imágenes
íntimas no es un asunto privado ni un simple conflicto interpersonal. Es una forma
de violencia que afecta la autonomía, la seguridad, la participación política y la
libertad de las mujeres.
Para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres,
el caso de Camila Flores ofrece una enseñanza importante. La violencia digital no
distingue ideologías, partidos, edades ni trayectorias. Puede afectar a una activista
feminista, a una periodista, a una estudiante, a una defensora de derechos
humanos o a una senadora conservadora. Lo que las une no es su pensamiento
político, sino una estructura de poder que continúa considerando el cuerpo y la
intimidad de las mujeres como espacios disponibles para la vigilancia y el castigo.
Quizá por eso la reacción colectiva en Chile merece atención. Porque en una
época marcada por la confrontación permanente, se produjo un consenso básico
que no debería ser excepcional: la privacidad no tiene partido, el consentimiento
no tiene ideología y la dignidad de las mujeres debe ser protegida sin condiciones.
Cuando se difunden imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento, no
estamos ante un escándalo mediático. Estamos frente a una expresión
contemporánea de violencia de género. Y la democracia se mide, precisamente,
por la capacidad de una sociedad para reconocerlo y actuar en consecuencia.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora Regional de CLADEM
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
lupitaramosponce@gmail.com
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