Cuando se debe medir con la misma vara

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Partidiario

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Como ya se ha publicado en otras ocasiones en distintos medios, Carlos Lomelí Bolaños ha sido, como pocos, un empresario-político que ha tenido la suerte de cerrar contratos multimillonarios con gobiernos estatales y federales de distinto signo político para surtirlos de medicamentos, no siempre al mejor precio.

Instituciones como ISSSTE, Seguro Social, Secretaría de Salud y organismos estatales y municipales del ramo han sido “beneficiados” por la proveeduría de medicinas de Lomelí Bolaños, algunas de su propia manufactura y las más de distintos laboratorios, en lugar de que dichas entidades contraten directamente con los fabricantes, que es la  la mejor vía para ahorrar recursos públicos; pero no lo hacen así porque lo importante para la mayor parte de quienes nos gobiernan, y nos han gobernado, ha sido  favorecer a los suyos. O es la mejor manera de pagar favores y hasta campañas políticas.

El secreto a ojos vistas es que en tales transacciones salen ganando tanto el abastecedor intermediario como quien o quienes, por parte de la autoridad, son los asignados el departamento de adquisiciones o compras de manera directa e indirecta.

El pasado 20 de mayo el portal de internet Animal Político publicó, fundado en documentos del organismo civil “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” (MCCI), informó que Lomelí Bañuelos ha ganado miles de millones de pesos por venta de medicamentos a más de una decena de gobiernos estatales, principalmente, y al gobierno de la Ciudad de México.

Sólo en lo que va de este año, suman ya 164 millones de pesos por diferentes contratos realizados, entre ellos uno con el gobierno de Veracruz y con el gobierno de la nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de quien es su representante plenipotenciario en Jalisco.

En tanto el Grupo Reforma, conformado por los periódicos El Norte, de Monterrey; el propio Reforma, de la Ciudad de México, y Mural, de Guadalajara, destacó la semana antepasada que el delegado Lomelí, pese a sus conflictos de interés,  ha ganado, de 2013 a la fecha 7 mil millones de pesos de los distintos gobiernos, tanto estatales como el federal.

Como ya se ha informado en Partidero de Diez, el súperdelegado de la Presidencia opera una red de distribución de medicinas a través de, al menos, una docena de empresas farmacéuticas (Reforma habla de 21 sociedades anónimas), arropadas por Abisalud (Abastecedora de Insumos para la Salud): Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo-Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío. Todas tienen el mismo domicilio al oriente de Guadalajara, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con Animal Político, las empresas son controladas por la misma familia del poderoso delegado, como su exesposa, Lourdes del Socorro Abundis, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis, y por la actual esposa de Lomelí Bañuelos, Karina Lucía Navarro Pérez y sus tíos Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada. También operan José Hiram Torres y Juan José Soltero Meza, excandidato por Morena al Ayuntamiento de Zapopan y exsecretario particular del mismo Lomelí y excoordinador de su campaña a la gubernatura.

Reforma incluye en los negocios a la suegra de Lomelí, María Leonor Pérez, como socia de importadora Matriuska.

Como se ve, todo queda en familia, o exfamilia, del político jalisciense más cercano a AMLO, a quien, a decir de sus cercanos, lo ha financiado desde su primera campaña.

Lomelí declaró a este portal, durante la campaña, que también le ha hecho favores a Enrique Alfaro, cuando eran amigos y militaban en el mismo partido.

Luego de estas publicaciones, el presidente Andrés Manuel ha dicho que se averiguará y que, de proceder, se actuará en consecuencia.

Sin embargo, defendió a Lomelí. Sentenció que no tiene delitos y legalmente no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero añadió que él no se actúa con filias ni con fobias y que si el funcionario está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado. “No hay que adelantarnos, no se puede sentenciar desde el periodismo, hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de cubrir ni tapar a nadie”.

En apariencia, lo exonera de antemano el Presidente; y da la impresión, por lo que dijo, que las cosas seguirán igual y que los compromisos se tienen que pagar.

¿Será medido con la misma vara?

Por lo pronto, Carlos Lomelí Bolaños se anotó un buen punto al llegar al desastrado San Gabriel por la irresponsabilidad de los taladores de bosques, antes que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se asomara por ahí. Andaba de viaje y los malpensados dicen que se fue a la  final de la Champions.

 

AGREGADO

¿Ya ven ustedes qué fácil se zafan los políticos cuestionados por el desvío de recursos?

Un juez federal suspendió la orden de aprehensión en contra del  exdirector de Pemex, Bastó que su abogado, el siempre cuestionado Coello Trejo, argumentara que Emilio Lozoya no es requerido por ningún delito que merezca aprehensión preventiva de oficio o grave, aunque deberá presentarse a declarar próximamente.

Tanto Lozoya como el presidente de Altos Hornos de México son investigados por los delitos de defraudación fiscal, cohecho y fraude. Como quiera, parece que saldrán adelante tras la muy sospechosa compraventa de una empresa de fertilizantes que valía la mitad de lo que dio la paraestatal petrolera por ella durante el gobierno de Peña Nieto.

Suerte que tienen los poderosos e influyentes para, al menos y por lo pronto, estirar la justicia hasta quizás poderla evadir.

Aunque en este caso falta por ver qué sucederá con la investigación de los 5 millones de dólares que supuestamente recibió Lozoya de Odebrecht para la campaña de su jefe Peña. Sólo en Perú, media decena de expresidentes están presos o sujetos a proceso por el mismo delito, salvo uno que por el mismo motivo se suicidó, Alan García, cuando lo iban a aprehender.

En México, nada pasa… ¿Pasará con la 4T?

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