Lunes 7 de julio de 2025.- A través de una solicitud de transparencia, el periodista José Rodríguez Toral se propuso saber -a ciencia cierta- a qué se refería el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien en junio pasado, aseguró que las desapariciones se habían reducido 37 por ciento en la entidad.
Pese a dicha estadística, a lo que realmente se refería el titular del Ejecutivo local, es a las carpetas de investigación realizadas ante las desapariciones cometidas por particulares, es decir, casos con indicios de violencia o coerción.
La historia empezó cuando Rodríguez Toral pidió por transparencia los documentos que sustentaban la afirmación de Lemus Navarro y la respuesta fue insólita, ya que el gobierno aseguró no contar con versión pública de ningún documento que la justificara.
La respuesta que se viralizó tras ser publicada en la cuenta de X del mandatario jalisciense, sugería que la cifra oficial se sostenía en datos internos opacos o inexistentes en torno a las desapariciones registradas en Jalisco.
Tras el revuelo, se corrigió el rumbo al enviar una hoja titulada Informe Estatal sobre Desapariciones Cometidas por Particulares.
En el documento, se muestra que entre el inicio de la administración y el 15 de junio hubo 122 carpetas de investigación por este delito, frente a 198 en el periodo del año previo.
El cálculo no arroja una reducción del 37%, sino del 38%, aunque la diferencia es menor y confirma la tendencia a la baja en ese rubro.
Esta categoría específica de “desaparición cometida por particulares” se refiere, en palabras del propio Coordinador de Seguridad estatal a personas “levantadas de manera violenta”.
De esta manera, se deja en claro que no abarca otras formas de desaparición ni la totalidad del fenómeno de personas desaparecidas en Jalisco.
El dato sirve para dimensionar mejor cómo clasifica y registra la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas los delitos en Jalisco.
Aun así, especialistas advierten que deja fuera un segmento relevante de casos: aquellos en que las familias reportan la desaparición, pero sin constancia en las carpetas por violencia en la privación inicial.
Según un análisis previo hecho por Lauro Rodríguez y el propio José Rodríguez Toral, con datos de la Comisión de Búsqueda, una proporción significativa de desapariciones reportadas por familiares sí incluyen el uso de armas u otros medios de coacción.
Por su parte, el propio SISVOD (Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición) de la Fiscalía indica que en 23.6% de las denuncias recibidas se documentó el uso de “medios violentos” para privar de la libertad a la víctima.
La discusión sobre qué se está midiendo —y qué se deja fuera— en las estadísticas oficiales de desaparición en Jalisco no es un debate menor. Afecta la manera en que la autoridad planea las búsquedas, distribuye recursos y presenta resultados a la opinión pública.
