Puntos y Contrapuntos

Criterios

Los asuntos de la justicia y del Poder Judicial son de tanta importancia y trascendencia, que la designación de nuevos magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco no debe quedar a expensas de la voluntad del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y de un Congreso local de dudosa capacidad, honorabilidad e independencia.

La división e independencia de poderes es esencial para la buena salud de la vida democrática en Jalisco, pues pone a salvo de abusos y arrebatos autoritarios las garantías de seguridad jurídica que todo Estado de Derecho debe ofrecer a sus ciudadanos, en un estricto marco de legalidad.

Por tales razones, si existiera una verdadera intención de depurar y en caso extremo, hasta refundar el Poder Judicial de Jalisco, el mandatario estatal tendría que impulsar una reforma constitucional de gran profundidad, que pusiera en la voluntad de una amplia diversidad de expresiones sociales la selección de los candidatos y la integración de las ternas de quienes aspiraran a convertirse en magistrados, sin que los sujetos examinados pasaran por las manos del Ejecutivo y de los diputados locales, y que sólo quedara como facultad del Legislativo nombrar a los prospectos validados por un comité de expertos y notables.

Un Poder Judicial verdaderamente autónomo del gobernador del Congreso de Jalisco, de los partidos políticos y de los poderes fácticos representados en la actual legislatura, podría convertirse en una institución razonablemente independiente, digna, honrada y confiable para la sociedad, pues los magistrados les deberían sus cargos a representantes genuinos y diversos de la comunidad a la que estarían obligados a servir.

¿Quiénes podrían integrar ese Comité de Expertos y Notables?

1. En principio, podrían formar parte de ese comité de expertos y notables los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción: Freddy Mariñez Navarro (quien preside este cuerpo colegiado), Lucía Almaraz Cázarez, Annel A. Vázquez Anderson, Nancy García Vázquez y Jesús Ibarra Cárdenas.
2. También podrían formar parte de ese comité de auscultación y selección de las ternas de aspirantes a magistrados los tres o cinco presidentes de los colegios o asociaciones de abogados de la entidad con más antigüedad, membresía y prestigio.
3. Podrían considerarse en este comité a los directores de las licenciaturas de derecho de las principales universidades de la entidad, entre otras, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad del Valle de Atemajac.
4. Sería saludable que también pudieran participar un representante de los jueces del estado; un representa del Supremo Tribunal de Justicia y un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura de Jalisco.
5. Sería conveniente considerar también la presencia de los presidentes del Colegio de Notarios y del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco.
6. Podrían reservarse espacios para organismos representativos del sector privado, como los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, del Centro Empresarial de Jalisco, del Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco y del Consejo Agropecuario de la entidad, entre otros
7. También podría convocarse a los dirigentes de las principales organizaciones gremiales de la entidad, representantes de trabajadores, considerando que pronto desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para trasladar los asuntos laborales al ámbito del Poder Judicial.
8. El Congreso de Jalisco podría lanzar la convocatoria para la elección de nuevos magistrados, pero sería este comité de expertos y notables el que recibiría los expedientes de los aspirantes, los analizaría y validaría si académicamente tienen la preparación y la trayectoria que les haga elegibles para el cargo.
9. Este comité podría publicar, en una plataforma de internet y en por lo menos dos periódicos de amplia circulación en la entidad, todos los nombres de los aspirantes a magistrados y establecer un plazo razonable, que podría ser de por lo menos un mes antes de la integración de las ternas finales, para que organizaciones de la sociedad y personas a título personal, pudieran argumentar en favor o en contra de los aspirantes a magistrados, y aportaran las pruebas correspondientes en caso de imputaciones serias o delicadas. Todos los señalamientos de la sociedad, favorables o en contra, tendrían que ser analizados y dictaminados por el comité, sin excepción alguna, bien sea para declararlos válidos o infundados.
10. Al final de los plazos establecidos en la convocatoria, por mayoría de votos, este comité de expertos y notables podría integrar las ternas que pondría a considerar del Congreso de Jalisco, para que de ellas -y solamente de las personas incluidas en ellas- fueran electos los nuevos magistrados.

JORGE I Y JORGE II

Por ninguna razón o circunstancia debería repetirse la experiencia que se experimentó durante el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) en el cual se violentó deliberadamente la división y separación de poderes.

Jorge Aristóteles gobernó Jalisco del viernes 1 de marzo del 2013 al miércoles 5 de diciembre del 2018. Durante esos seis años no hubo magistrado más poderoso en Jalisco que su padre, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, sin cuya voluntad nada se movía en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ).

En manos de la misma familia estuvo el control férreo de los tres poderes de Jalisco. Aunque el Legislativo presumía de independencia, ningún diputado de la mayoría priista se atrevió jamás a desafiar al gobernador, que también en ese poder movía las cosas a su antojo.

“Papá Leonel”, como genéricamente se conocía al padre del gobernador, fue nombrado magistrado el 12 noviembre del 2009, cuando Jorge Aristóteles ya era presidente municipal electo de Guadalajara para el periodo 2010-2012, cargo que ganó en los comicios del 5 de julio del 2009.

El jueves 6 de octubre del 2016 el Pleno del Congreso de Jalisco rechazó ratificar a Sandoval Figueroa para un nuevo periodo de diez años, quien promovió y ganó un amparo para asegurar su permanencia en el Poder Judicial hasta el 3 de marzo del 2019, cuando cumpliría 70 años y por ley estaría obligado a dejar el cargo. Sin embargo, en diciembre del 2018, ya sin el amparo de su poderoso vástago, el “primer magistrado” de Jalisco tramitó su pensión por 170 mil pesos mensuales, a partir del 2019.

El 10 de julio del 2014 el Congreso de Jalisco nombró magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco a Ricardo Suro Esteves, propuesto por el gobernador Sandoval Díaz, su amigo de juventud.

Suro Esteves fue asignado a la Séptima Sala Especializada en Materia Civil, donde compartió espacio con el magistrado Sandoval Figueroa, padre del mandatario estatal, y con el magistrado Héctor Delfino León Garibaldi.

Dos años después, el jueves 15 de diciembre del 2016, con el apoyo del gobernador Sandoval Díaz y del influyente magistrado Sandoval Figueroa, el magistrado Suro Esteves fue nombrado presidente del STJ de Jalisco para los siguientes dos años.

El viernes 15 de diciembre del 2018, con el apoyo de sus padrinos políticos y la anuencia del nuevo gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez -inició el jueves 6 de diciembre del 2018-, Suro Esteves fue reelecto presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad para el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

El jueves 27 de noviembre del 2014, con la bendición del gobernador Sandoval Díaz, el Congreso de Jalisco designó fiscal electoral a Ricardo Suro Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

El magistrado Ricardo Suro Esteves -presidente del Supremo Tribunal de Justicia- es medio hermano del fiscal electoral Suro Gutiérrez. Los hermanos Suro son a su vez hijos del abogado Ricardo Suro Campos, quien se presume amigo cercano del exmagistrado Sandoval Figueroa.

El martes 12 de septiembre del 2017 Gonzalo Julián Rosa Hernández fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia por siete años. Permanecerá en su cargo hasta el 9 de enero del 2023, cuando cumpla 70 años de edad y deba pasar a retiro obligatorio. Rosa Hernández es tío de Lorena Jassibe Arriaga Rosa, la esposa del exgobernador Sandoval Díaz.

El jueves 28 de septiembre del 2017, el procurador Social del Estado con licencia, Carlos Óscar Trejo Herrera, uno de los funcionarios de mayor confianza y cercano a los afectos de Sandoval Díaz, fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia por un periodo de siete años.

En 2012, Trejo Herrera fue coordinador jurídico de la campaña de Jorge Aristóteles por la gubernatura de Jalisco y cuando Sandoval Díaz ya era mandatario electo, formó parte del equipo de transición que encabezó Ricardo Villanueva Lomelí (actual rector general de la Universidad de Guadalajara 2019-2025), para recibir la Administración estatal que entregó el panista Emilio González Márquez (2007-2013).

El 4 de marzo de 2013, Trejo Herrera fue nombrado subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Jorge Aristóteles y el 4 de noviembre del 2015 fue promovido a Procurador Social. Después, con una pequeña ayuda de su amigo Sandoval Díaz fue promovido al cargo de magistrado.

Con Jorge Aristóteles se fracturó la división de poderes en Jalisco. Las posiciones de control que mantuvo en el Poder Judicial fueron suficientes y políticamente aplastantes, para someter a esa institución, presumiblemente independiente, a su voluntad y a la de su padre, Jorge Leonel.

VIRTUDES

“La virtud cívica no es la voluntad de inmolarse por la patria. Se trata de una virtud para hombres y mujeres que quieran vivir con dignidad y, sabiendo que no se puede vivir dignamente en una comunidad corrupta, hacen lo que pueden y cuando pueden para servir a la libertad común (…) sin obtener ventajas ilícitas ni aprovecharse de la necesidad y debilidad de los demás”, advierte el filósofo Maurizio Viroli en la página 10 de su libro “Diálogo en torno a la República”, que publicó junto con otro científico social, Norberto Bobbio, en la colección Kriterios, de Tusquets Editores (España, 2002).

Los jaliscienses tienen derecho a exigir instituciones sanas, honorables, encomendadas a ciudadanos dignos, libres y valientes, que las cuiden, las preserven, las protejan y las defiendan de los abusivos y los canallas, para ponerlas, plenamente, al servicio del pueblo.